“Debate sobre minería se hace necesario”: PDA El movimiento político dejó en claro su preocupación por lo que pueda acarrear el nuevo Código de Minas.

Preocupados por el silencio de autoridades y comunidad en general por los planes de exploración y posible explotación de reservas mineras en el Quindío por parte de la empresa AngloGold Ashanti, la coordinadora departamental del Polo Democrático Alternativo, conminó a los diferentes actores de la región a un foro relacionado con el tema.

De acuerdo con información suministrada por el movimiento político en el departamento, la multinacional ya tendría cerca de 2.114 solicitudes y contratos de concesión en el territorio nacional, de los que cinco estarían localizados en Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento.

“La polémica desatada a partir de la expedición de la licencia de exploración por parte del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en contra del querer de la mayoría de los habitantes del Tolima y de la opinión pública nacional, produjo la necesidad de investigar sobre cuál es la situación del Quindío con respecto de los contratos de concesión y solicitudes de áreas para la exploración y posterior explotación minera y el resultado es que de 193.528 hectáreas de extensión del departamento, 120.284 están entregadas en concesión y solicitadas, o sea el 62,15% del Quindío. Calarcá está solicitado en más del 80%”, definió.

Advirtieron además que, con la expedición del nuevo Código de Minas “hay que ponerle cuidado, puesto que el gobierno nacional está comprometido con las multinacionales, para lo cual ya tramitó en el Congreso una reforma para darles todas las garantías, en detrimento de la pequeña y mediana minería nacional y de los recursos naturales y el medio ambiente en general. La explotación minera a cielo abierto es devastadora y contaminará y acabará con los recursos acuíferos de la región, allí donde se desarrolla, genera violencia, prostitución, desplazamiento poblacional y ruina, ya que el grueso de la riqueza se la llevan y al Estado sólo le queda el 4% de regalías”.

“Ingreso seguro” Privatizaciones y subsidios

Dos noticias publicadas el pasado jueves evidencian la esencia distributiva del actual gobierno. La primera sobre la venta de un 10% más de acciones de ECOPETROL para construcción de vías, y la segunda referida a los beneficiarios del Programa Agro Ingreso Seguro, son una clara demostración del desempeño de un gobierno que a la par que ha enajenado la riqueza pública más valiosa de los colombianos, bajo el argumento de escasez de recursos, los regala a manos llenas a los más ricos del país y a quienes apoyaron electoralmente su mandato ilegítimo. Cuenta la revista Cambio que “la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena”. Esto no es todo; en el mismo departamento, sumados los Vives Lacouture; los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, familiares entre sí y con miembros en altas posiciones del Gobierno, los Vives Pinedo socios de los Lacouture, los Dávila Abondano influyente clan de Magdalena y cabeza del rentable Grupo Daabon, estas prósperas e influyentes familias en el ámbito regional recibieron en conjunto otros más de $12.000 millones. En otros departamentos, el Valle por ejemplo, la prima del ex ministro Carlos Holguín Sardi fue favorecida con $200 millones, sin importar que “ellos de agricultura pocón”, en palabras del ex ministro1/. Y sin importar que al mismo tiempo millones de desplazados deambulaban por Colombia sin protección del Estado, lo que motivó repetidos reclamos de la Corte Constitucional a ese mismo gobierno tan espléndido con ciertas familias. Basta recordar el reciente drama del Parque Tercer Milenio.

¿Por qué preocuparse? si “es claro que (los beneficiarios de tan generosas dádivas) participaron en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y cumplieron con todos los requisitos y criterios de evaluación técnica, ambiental, financiera y productiva”, fue la cínica respuesta del director de Agro Ingreso Seguro, a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. “Transparencia” fue el término utilizado por Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, para justificar el obsequio por $496 millones dado bajo su administración al hijo del senador Alirio Villamizar, congresista tan cercano a los afectos del gobierno que su voto para la pasada reelección le mereció la adjudicación de notarias y otros cargos públicos.

No sólo son escandalosas estas ingentes donaciones a las familias más ricas e influyentes del país, -que se suman a las múltiples gabelas y exenciones tributarias otorgadas-, sino, además, cabe recordar que tras la génesis de estos subsidios se encuentra otra acción del gobierno profundamente contraria a los intereses de Colombia. El programa Agro Ingreso Seguro surgió como compensación a algunos agricultores, (la escasez de recursos imposibilitaba cubrir todos los damnificados), por los inocultables daños previstos a causa del TLC. La investigación de Cambio demuestra que dichos recursos, lejos de beneficiar a los más pobres, significaron un aberrante traspaso de riqueza de los colombianos a las arcas de familias poderosas y partidarios del gobierno; pues dichos fondos salen de los impuestos, del creciente endeudamiento y pérdidas de patrimonio público, como la venta realizada de acciones de ECOPETROL y la nueva fracción proyectada, de Isagen, de Telecom y de tantas otras valiosas empresas públicas.

Al tiempo que el gobierno privó a los colombianos de su más valioso patrimonio público benefició a los más ricos, incluidas las multinacionales extranjeras otorgándoles “seguridad jurídica”, subordinando a ella los derechos de los colombianos. Es tan claro que su principal proyecto económico de largo plazo, el TLC con Estados Unidos, fue realizado para el beneficio de aquellos y no de Colombia, que Uribe Vélez en diálogo con el expresidente Clinton reconoció que “nosotros estimamos que la aprobación del Tratado no va a causar un gran incremento de las exportaciones a los Estados Unidos en los años que vienen” 2/. La verdadera “importancia” de este Tratado, según Uribe, es “para darle una señal al mundo” para aumentar la inversión. El imperativo para el gobierno de la aprobación del TLC, según Luis Jorge Garay, es efectivamente lograr una señal que limpie su imagen ante la Comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.

Las “bondades” del verdadero objetivo del TLC, planteado por Uribe Vélez, de aumentar la inversión estadounidense, resultan muy cuestionables a la luz de la experiencia. En los últimos años la inversión extranjera en gran medida ha consistido en simple traspaso de propiedad de nacionales- y peor aún de valioso patrimonio público- a manos extranjeras. La propiedad de los recursos no es un detalle; el cambio en estos derechos tiene un enorme significado para el bienestar de los colombianos e introduce un factor de gran vulnerabilidad para la economía. No es indiferente que las rentas de Ecopetrol pertenezcan al señor Smith o Rodríguez que a la nación. Esto es lo que Fanelli, Frenkel y Rozenwurcel denominan “el problema de las transferencias internas”. Que parte de los ingresos de ECOPETROL no pertenezcan ya a la nación significa que deberán ser sustituidos por mayores impuestos o por endeudamiento externo o interno con mayores costos y posibles impactos sobre la tasa de interés. El traspaso de propiedad a manos extranjeras igualmente reduce el ingreso nacional. Bajo el mandato Uribe los giros de utilidades de estos inversionistas han constituido el principal factor del desequilibrio exterior y un verdadero desangre, más aún cuando muchas de estas rentas anteriormente pertenecían a los colombianos.

Las dádivas gubernamentales mediante “Agro Ingreso Seguro” y las concesiones a las multinacionales en el TLC, génesis de este programa, constituyen un costoso drenaje de ingresos para los colombianos. Más grave aún cuando dichas concesiones contemplan la renuncia a la soberanía nacional en el manejo de la economía y otras regulaciones de la vida nacional. Las libertades a los capitales y la nociva revaluación del peso son un abrebocas de lo que nos espera bajo el TLC, el cual consagra dichas libertades en perjuicio de Colombia.
1/ “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”.Revista Cambio 24/9/09.
2/ El Tiempo 23/9/09 Pág. 1-4.