Minería y Agro Exportación: La Apuesta de Desarrollo del País más Biodiverso del Mundo

POR MARIA VICTORIA DUQUE LOPEZ. RAZÓN PÚBLICA


A la hora de plantear un análisis sobre algunos temas relevantes para nuestro país, dado que la información oficial no se encuentra de manera integral, organizada y comprensible para un no experto, el camino más expedito es hacer una revisión de prensa[1] que juntando piezas permite hacerse una idea de la dimensión de los contenidos propuestos. Por tanto, decidí empezar este análisis sobre la minería -a propósito de la tutela fallada a favor de la Comunidad Embera Katío del Chocó y Antioquía, por la Corte Constitucional-, revisando algunas noticias importantes sobre la que, sin duda, puede considerarse una de las apuestas más significativas del modelo de Estado Comunitario, desarrollado desde 2002: la minería a cielo abierto. Veamos algunos extractos de esas noticias, correspondientes a los últimos seis meses:

- Mineros vendió el 94,5% de una filial. Se trata de Mineros Nacionales, con minas en Marmato (Caldas), que sería vendida a la firma panameña Medoro, en la suma de 35 millones de dólares. El negocio se cierra en febrero de 2010[2].

- Medoro Resources concretó la adquisición de Colombia Goldfields. Esta empresa, que también es de origen canadiense, es la propietaria de Compañía Minera de Caldas, que explora oro en la zona alta de la montaña de Marmato, en Colombia. La oferta se realizó a través de un consorcio de agentes de valores dirigido por GMP LP, y en el cual participaron además Canaccord Capital Corporation, Thomas Weisel Partners Canada Inc., Haywood Securities Inc., Salman Partners Inc. y TD Securities Inc[3].

- La Colosa: exploración para 2010. Bogotá. El proyecto minero, a cargo de la sudafricana AngloGold Ashanti, empezaría la exploración aurífera a comienzos de 2010. Así lo estima la empresa, tras conocer la Resolución 2014 del 20 de octubre de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual se le permite a la empresa realizar la exploración bajo unas condiciones especiales. "Con esto se liberan las restricciones que habían, es decir, se destraba un poco el proceso. Aunque la idea es agilizar todo, no creemos que se comience este año con la exploración, puesto que todavía obtener permisos como el del uso del agua", explicó una fuente de AngloGold [4].

- Reactivan exploración en Marmato. Cali. Tras una parálisis de un año, la fase de exploración de las minas de oro de Marmato en Caldas volverán a moverse, pero bajo un nuevo dueño: Medoro Resources. Luego de obtener todos los permisos, la empresa canadiense realizó una operación de intercambio de acciones que le permitió obtener el cien por ciento de Colombia Goldfields (CG)[5].

- Miranda Gold Corporation firmó acuerdo con ExpoGold para explorar descubrimientos de oro en el país. ExpoGold presentó 45 solicitudes de licencia ante Minercol que abarcan aproximadamente 123.000 hectáreas en 14 distritos mineros, que Miranda Gold no especifica [6].

- Compañía Medoro Resources le apunta a tener una mayor 'tajada' en el oro de Colombia. La empresa canadiense planea varios movimientos para ampliar su presencia en el negocio de exploración y explotación de oro en el país[7].

- Greystar invertirá US$600 millones en Colombia. Bucaramanga. La empresa canadiense informó que comenzará la adecuación de su mina de oro y plata en Santander a fines de este año y resaltó que podría convertirse en el mayor proyecto de metales preciosos en producción del país. La compañía planea invertir adicionalmente de 300 millones de dólares para operar la mina hasta el año 2026[8].

- Bonanza del oro irá hasta 2012. Bogotá. Colombia duplicará su producción del metal durante los próximos dos años debido a una mejora de las condiciones de seguridad en el país y a las perspectivas de que haya abundantes depósitos, dijo el jefe de Ingeominas, Mario Ballesteros[9].

- El 11 de febrero se define venta de minera Coalcorp. Bogotá. La junta directiva de la empresa canadiense aprobó la venta de sus activos a Goldman Sachs, pero será el próximo 11 de febrero cuando la asamblea de accionistas defina si se da o no vía libre a la operación[10].

- Greystar invertirá US$1.000 millones en mina Angostura. Bucaramanga. En los próximos dos años la compañía canadiense hará una inversión inicial de 640 millones de dólares en el desarrollo del proyecto Angostura de explotación de oro, que se realizará en la zona rural del municipio de California en Santander[11].

- Medoro Resources finiquitó compra de Mineros Nacionales. Bogotá. La firma canadiense llegó al país pisando fuerte. En sólo cuatro meses concretó tres adquisiciones claves que dejaron a esta firma como única dueña del corazón del potencial aurífero de Marmato (Caldas). Una mina a cielo abierto que, evidentemente, lleva a un traslado del pueblo, es sin duda una de las "papas calientes", de la explotación minera en Marmato, al noroccidente de Caldas en límites con Antioquia. El alcalde de esta localidad, Uriel Ortiz, ha manifestado sus reservas al respecto por su alto impacto social y ambiental. Entre sus grandes temores están que la multinacional incumpla sus compromisos, que no tenga en cuenta el aspecto ambiental que implica explotaciones de esa naturaleza y que las condiciones socioeconómicas de los habitantes cambien para mal radicalmente con el traslado[12].

- Chilenos están tras el mineral de hierro en Colombia. El acuerdo que pretenden llevar adelante CAP y Mitsubishi lograría expandir el negocio minero de la compañía fuera de Chile[13].

- Estados Unidos tuvo compra récord de oro a Colombia: más de US$1.000 millones importó durante el 2009. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio, las ventas colombianas pasaron de 463 millones de dólares en el 2008 a 1.026 millones de dólares en el 2009[14].

- Minas de Medoro Resources tendrían 7,5 millones de onzas de oro. Bogotá. Así lo dio a conocer la compañía minera tras recibir el informe técnico que acredita el potencial de recursos para su trabajo de exploración y explotación, que hacen parte de las minas de su propiedad, ubicadas en el municipio de Marmato, Caldas[15].

- Hombre más rico de Brasil pone el ojo en la explotación de oro en Colombia. El magnate brasileño y octavo hombre más rico del mundo, Eike Fuhrken Batista, planea entrar en este mercado, según un reportaje publicado este domingo por el diario local 'O Globo'. "Queremos hacer lo que siempre hacemos: tomar ese activo, trabajarlo durante un año y aumentar las reservas. Es la mina más rica de Colombia", dijo Batista[16].

- Grupo canadiense New Global Ventures International compra concesión de oro en Norte de Santander. La firma canadiense New Global Ventures International firmó un acuerdo para comprar los derechos de la concesión El Primo, en el distrito minero de Angostura- California, en Colombia[17].

- India, interesada en carbón colombiano. Mumbai. Así se dio a conocer esta semana en Mumbai, donde el Gobierno de ese país dijo que el déficit de 81 millones de toneladas en el mineral sería suplido con importaciones[18].

¿Qué significa para el país esta "fiebre del oro"?

La evidencia demuestra que estamos frente a un modelo primario-exportador fundado en la indiscriminada explotación de recursos forestales y minerales. Aunado al auge paralelo de megaproyectos de producción de agro combustibles y aceite de palma, avanzar en la desconcentración de la tierra luce como un propósito improbable.

La pregunta es si estas políticas que el gobierno Uribe ha utilizado tan hábilmente (incentivos tributarios, exenciones, facilidades fiscales, flexibilidad laboral, apertura al libre comercio y desregularización de los mercados) en la búsqueda de la confianza inversionista para lograr una mayor inversión extranjera y por ende crecimiento, conceptos adornados últimamente con el de cohesión social, están generando como resultado para el país mayor equidad en la distribución de los ingresos, una expectativa de un crecimiento sostenido, la democratización del poder, una más amplia participación de la remuneración de los trabajadores en el PIB, una ostensible disminución de la informalidad y, por supuesto, un incremento en empleo y en la calidad de vida de los colombianos y específicamente de las poblaciones cercanas a estos desarrollos.

Basta sólo con analizar algunos indicadores sociales como empleo (informalidad), salud, cobertura en servicios básicos, (en áreas rurales) para tener una respuesta contundente. Y esto se debe, presumiblemente a que la "fiebre del oro" es producto de una coyuntura internacional de alza en el precio de éste y otros minerales, jalonada por la crisis económica mundial y la devaluación del dólar, entre otros. Hoy por hoy, Colombia ostenta en primer lugar en términos de desigualdad en América del sur, el indicador Gini (0,58.6)[19] así lo demuestra.

La otra cara de la moneda

Se sabe que Ingeominas entregó concesiones mineras y otorgamiento de licencias de exploración que afectan directamente los parques naturales. Pero más allá de esto, el auge minero indiscriminado está poniendo en peligro el equilibrio ambiental de nuestro país. Aquí se está comprometiendo Humedales Internacionales, Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Páramos y Reservas Forestales.

Según datos del propio Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para octubre de 2008, se han otorgado títulos en Zonas de Protección y en otras zonas de interés ambiental forestal, que comprometen 1.220.611 hectáreas, pero más peligroso es que, para la misma fecha, las hectáreas afectadas por solicitudes para exploración y explotación ascienden a 7.948.910[20]. No obstante lo anterior, con la modificación del Código de Minas (Ley 1382 del 9 de febrero de 2010) se protege los páramos, las reservas de orden nacional y zonas de humedales Ramsar, sin embargo, quienes ya poseían títulos continuarán sus actividades sin opción de prórroga. Pero también vale la pena recordar que éstos se otorgan por treinta años.

Ya a finales de la década de los ochenta, el profesor J.P. Vaughan, director de la Escuela de Minería de Australia, escribió: "En términos ambientales y sociales ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería a cielo abierto".

Los Territorios Indígenas tampoco se salvan. El Cerro Careperro: Sitio Sagrado de los Embera Katío

El Careperro es un sitio sagrado, la cosmovisión señala que ni los espíritus ni los sitios sagrados tienen límites ni fronteras. Para toda la población indígena que vive en sus alrededores, el cerro significa el equilibrio de la vida. Históricamente ha sido el centro de sus plantas medicinales, centinela del conocimiento de sus médicos tradicionales y de su cultura. Las comunidades lo han expresado con contundencia, saben que estamos hablando de dos modelos de desarrollo diferentes, el de ellos propende por cuidar de su riqueza: el territorio y los recursos naturales; saber vivir en ella y de ella de acuerdo a su cosmovisión, es tener los bosques para mantener la medicina y conservar el conocimiento ancestral, es conservar la biodiversidad, conservar para tener oxigeno, es conservar todo el ecosistema para mantener su alimentación. Y también quieren conservar los espíritus de los jaibana en el cerro para que desde allí los protejan como lo han hecho milenariamente para mantener la armonía y el equilibrio, la identidad cultural y proteger a la madre tierra.

En días pasados al menos 700 indígenas de Atrato Medio del Chocó y de Antioquia, además de miembros de comunidades afrocolombianas, se movilizaron para proteger las cercanías del cerro Careperro, pues en diciembre de 2009 La Muriel Mining Corporation empezó a construir campamentos para los trabajos de exploración y explotación de oro, platino y molibdeno, en sus cercanías.

Las comunidades chocoanas y antioqueñas, indígenas y afrocolombianas abogan por los derechos de las comunidades nativas a sus territorios ancestrales y sagrados. A finales del mes de febrero llevaron a cabo una consulta interna en la que participaron más de 2000 miembros de 12 comunidades de los Resguardos de Urada del Río Jiguamiandó, Resguardo de Río Chageradó-Turriquitadó y del Resguardo de Río Murindó. Proceso bastante diferente al llevado a cabo por los responsables del Estado Colombiano que en unas tantas reuniones consultaron a una veintena de líderes indígenas, muchos de los cuales, según las propias comunidades, no representan sus intereses ni tenían la potestad de tomar decisiones.

El resultado de la consulta previa, entre otros, es que al explorar y explotar el territorio tradicional, estarán profanando lo sagrado de los pueblos indígenas, pero además violentando su cosmogonía, la existencia física y espiritual, su dignidad como pueblos y la de las comunidades que comparten su cultura, violentando además la armonía de la Madre Tierra, por lo tanto los pueblos indígenas seguirán resistiendo en defensa de nuestra madre tierra.

¡La resistencia paga! La buena noticia de la semana

Esta semana, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en tercera instancia [21], falló a favor la Acción de tutela instaurada por miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó y Antioquia, en contra de los Ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Defensa; de Protección Social; y de Minas y Energía, en el marco del proceso de consulta previa "realizado" al proyecto de exploración y explotación Mandé Norte, aprobado a la compañía Muriel Mining Corporation.

El argumento de los accionantes se centró en la vulneración de los derechos "a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural, a la autonomía de las comunidades culturales, a la protección de la riqueza de la Nación y al debido proceso"[22]..

La sentencia es un documento vital, no solamente para el caso específico, sino que se convierte en jurisprudencia para futuros y no remotos casos similares. Así por ejemplo, Sobre los derechos fundamentales de las comunidades indígenas la Corte ha reconocido que no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos; estas comunidades son un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o agrupados.

En otro aparte importancia la sentencia dice: En cuanto a la consecuencia jurídica de la omisión frente al deber y al derecho de consulta, esta corporación precisó que es susceptible del amparo constitucional, por medio del cual las comunidades nativas pueden obtener que no se hagan efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas, y que se disponga la adecuada realización de las deliberaciones que sean necesarias... En este caso, es claro que grupos originarios del territorio afectado no fueron debidamente consultados, ni hubo participación directa de la comunidad frente a la decisión de explorar y explotar su territorio para desarrollar el proyecto minero, mucho menos bajo qué condiciones, por lo cual dichas comunidades no tuvieron la oportunidad de definir sus propias prioridades... Por otra parte, a la protección de la biodiversidad y la indemnidad de territorios de gran importancia y sensibilidad ecológica, la Corte Constitucional ha agregado, dentro del marco de los principios internacionales, el derecho de los grupos humanos minoritarios "a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, garantizando de esta manera la pervivencia de la riqueza cultural, que la diversidad étnica de la Nación colombiana comporta -artículos 1°, 7°, 8°, 68 , 70 y 246 C.P."[23]

Finalmente resaltar que la Corte se pronunció frente a que deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad. La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada [24].

Antes de revocar el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, confirmatorio del adoptado por el Tribunal Superior de Bogotá y concediendo la protección de los derechos a (a) al debido proceso y (b) a la consulta previa con las comunidades autóctonas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales comunidades, al igual que a las riquezas naturales de la Nación, ordenó, entre otras cosas: a Ingeominas que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, las licencias de exploración y explotación minera en el proyecto Mandé Norte, hasta que no finalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realice la consulta previa de manera adecuada.

La Coherencia de Multinacionales

Texto destacado en la Página Web de La Muriel Mining Corporation:

"Nuestro compromiso con las culturas y tradiciones indígenas nos llevaron a declarar en el 2006 que no realizaremos ninguna actividad minera en el cerro Cara de Perro, lugar sagrado de los Embera chocoanos": Presidencia La Muriel Mining Corporation.

Preguntas Pendientes

Sería imperdonable cerrar esta reflexión sin preguntarles abiertamente a los candidatos y candidata presidencial, cuál es su posición frente esta realidad que parece ineludible y que supera con creces los temas económicos.

Cómo van a asumir los efectos colaterales y los riesgos de enfrentarse a una bonanza minera con un entorno fiscal adverso, sin la posibilidad real de reducir el gasto público y con un alto índice de corrupción. Qué proponen frente a los altísimos riesgos ambientales, sociales y culturales. Y sobre todo qué hacer para que esta bonanza se refleje en la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y vulneradas.

Notas de pie de página

[1] Aún cuando parece que el tema no es muy relevante pues difícilmente se encuentra una noticia en los diarios o revistas de cobertura nacional, tal y como se puede ver en las notas de pie.

[2] Elcolombiano.com, 08 de Octubre de 2009

[3] Portafolio.com.co, 4 de Noviembre de 2009

[4] Larepublica.com, 9 de noviembre de 2009

[5] larepublica.com.co, 18 de Noviembre de 2009

[6] Portafolio.com.co, 3 de Diciembre de 2009

[7] Portafolio.com.co, 4 de Enero de 2010

[8] Larepublica.com.co, 14 de Enero de 2010

[9] Larepublica.com.co, 6 de Febrero de 2010

[10] Larepublica.com.co, 3 de Febrero de 2010

[11] Larepublica.com.co, 9 de Febrero de 2010

[12] Larepublica.com.co, 17 de Febrero de 2010

[13] Portafolio.com.co, 18 de Febrero de 2010

[14] Portafolio.com.co, 24 de Febrero de 2010

[15] Aminera.com, 10 de Marzo de 2010

[16] Portafolio.com.co, 22 de Marzo de 2010

[17] Colombia.noticiasabc, 8 de Marzo de 2010

[18] LaRepublica.com.co, 11 de Marzo de 2010

[19] Human Developmet Report 2009

[20] Minería en Páramos. Doctor Carlos Costa, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/html/evento_paramos.htm. 28 de marzo de 2010.

[21] La primera fue La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que el abril 23 de 2009, negó la acción incoada por los actores. La segunda instancia fue la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que confirmó el fallo de primera instancia.

[22] Sentencia T-796-32009 CC

[23] T-880 de febrero 13 de 2009, M. P. Clara Elena Reales Gutiérrez.

[24] Cfr. C-030 de 2008; C-461 de 2008 y C-175 de 2009.

La guerra por el coltan. revista semana 21 nov 2009

MINERÍAEste mineral estratégico para la alta tecnología, que ha causado muerte en África, está en la mira de las grandes potencias. Mientras Venezuela militarizó sus yacimientos, en Colombia están a merced de contrabandistas de la Orinoquía.


Una nueva Vorágine está a punto de comenzar. Además de la forma rápida como la última gran reserva de tierra del mundo está empezando a ser comprada, colonizada y modificada, las evidencias de yacimientos de coltan en la Orinoquía, especialmente en Vichada, Guainía y Vaupés, han generado una ola de comerciantes, especuladores y grupos armados alrededor de un negocio que sólo este año podría mover más de 40 millones de dólares. Y es sólo la punta del iceberg.

En la mente de la mayoría de los colombianos el coltan sólo empezó a existir hace un par de semanas, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el descubrimiento de un gigantesco yacimiento cerca de la frontera con Colombia. El mandatario ordenó militarizar la zona del Orinoco para proteger ese mineral estratégico y, según él, evitar que traficantes colombianos siguieran extrayéndolo y vendiéndolo al 'imperio'.

Lo cierto es que desde hace unos cuatro años este mineral está siendo extraído en varias regiones del oriente de Colombia para exportarlo a comercializadores internacionales. Tanto, que hace un par de meses se filtró la noticia de que una empresa había pedido a Ingeominas permiso para extraer un coltan de excelente calidad en 35.000 hectáreas entre Vichada y Guainía. Otras cuatro licencias están en camino.

El coltan es principalmente una combinación de columbio y tantalio, dos minerales que pasaron de curiosidad geológica a ser cruciales en el desarrollo de todo tipo de equipos electrónicos. Es conocido en el mundo como el 'oro azul', el petróleo del barro o el nuevo maná. El 80 por ciento de las reservas está en el Congo, y el resto estarían repartidas en Australia, Brasil, China y, últimamente, Venezuela, Bolivia y Colombia

Lo que hacen las seis plantas procesadoras que hay en el mundo es triturar el coltan y extraer entre otros tantalio y niobio, con el que se hacen condensadores y chips indispensables para los teléfonos celulares, computadores, iPods, mp3, GPS, juegos de consolas, satélites, armas teledirigidas, centrales atómicas y trenes magnéticos de alta velocidad.

Gracias a estos minerales el mundo ha podido ver en los últimos años una reducción del tamaño de estos aparatos, pues el tantalio es un mineral ideal por ser un superconductor a elevadas temperaturas, tiene capacidad para almacenar carga eléctrica temporal y liberarla cuando se necesita, además de ser resistente a la corrosión.

El lado negativo ha sido la violencia que ha desatado su extracción. En África, especialmente en el Congo, el dinero del coltan, cuya tonelada puede costar entre 60.000 y 100.000 dólares, ha sido el combustible de un conflicto multilateral (llamado la guerra mundial de Africa) en la que han muerto cientos de miles de personas, otras tantas han sido desplazadas y se ha producido un desastre ambiental que también involucra a los países vecinos. Las milicias enfrentadas luchan entre sí por el monopolio del coltan y otros minerales en una espiral interminable de violencia.

Tanta ha sido la sangría, que desde hace tres años es prohibido comprar coltan del Congo. Sin embargo, el mineral sale de contrabando desde países como Ruanda y Uganda, especialmente a Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán.

Esa es una de las muchas jugadas que los intereses comerciales de grandes países han hecho para mantener sus existencias de este mineral. Por su parte China busca, por medio de sus empresas, apoderarse de la producción de las minas de coltan mediante la compra de los títulos de las minas.

Así parece que sucederá en Bolivia, donde ya fue encontrado un yacimiento que será entregado en concesión. Y también podría pasar en Colombia, donde según una fuente que tiene intereses en la región, los chinos están tras la búsqueda del mineral y ya tienen sus ojos puestos en probables yacimientos en el Vichada, especialmente en la producción de resguardos indígenas de la Orinoquía.

Esa fuente contó a SEMANA que hace unos tres años un puñado de comerciantes llegó hasta zonas de Vichada y Guainía para promover la explotación de coltan en regiones cercanas al Orinoco o sus afluentes. Como la minería de este material no está reglamentada en el país, los comerciantes se ampararon en registros falsos y en que parte de los yacimientos están en resguardos indígenas para comprar y vender el producto. Mediante el barequeo en ríos y laderas recogen el mineral, que después es sacado a Bogotá, donde una tonelada puede costar entre 40.000 y 60.000 dólares. Algunos dijeron que los comerciantes tienen que pagar un impuesto de 2.000 a 2.500 dólares por tonelada a las autodefensas y la guerrilla que están en algunas de esas zonas.

Mensualmente se podría estar exportando entre 10 y 25 toneladas de coltan, pero "con un proceso de legalización y tecnificación podrían superar las 300 toneladas mensuales", dice Vladimir Villegas, uno de los fundadores de Coltan Sas, la única empresa legal creada en Colombia para comercializar este mineral. Esa sociedad le está pidiendo al gobierno que reglamente lo necesario para explotar y exportar el coltan, un negocio que hoy está al garete pero puede valer muchos miles de millones de dólares.

En efecto, en Colombia hay un gigantesco vacío técnico y jurídico frente a este mineral. Por un lado, Ingeominas no tiene estudios confiables ni suficientes que determinen las zonas productoras, el alcance básico de las reservas y la forma como se debería llevar a cabo su extracción y el pago de regalías e impuestos. Al ser interrogados sobre estos temas por SEMANA, los funcionarios de esa entidad estatal no dieron ninguna respuesta.

Por otra parte, según Luis Ignacio Ramos, abogado experto en el tema, como este mineral se recoge a cielo abierto, sin penetrar el subsuelo ni con un trabajo minero intenso, se puede alegar que es una minería de subsistencia, que tiene muchas excepciones legales. A esto se suma que parte de la explotación actual se está haciendo en territorios indígenas, en los que los gobernadores tienen autonomía.

Rafael Gómez, quien tiene un título de arenas negras hace más de 10 años en el Guiña y ahora está trabajando con una comunidad indígena para obtener un título minero para extraer coltan, dijo que en esta zona hay mineral, pero no en abundancia, como algunos han especulado. Un indígena de comunidades como Curarí, Isana, por los lados de río Inírida y Guarinuma puede extraer de dos a 10 kilos en un día.

En todo caso, se requieren medidas urgentes para que este mineral estratégico sea controlado por el Estado. Es necesario evitar que termine siendo un nuevo estímulo para los grupos ilegales que han dominado esos territorios, tal como ocurre en el Congo, y que llegue una oleada de aventureros que puedan arrasar con todo lo que encuentren por su paso. En juego hay miles de millones de dólares.

Pero mientras Chávez ordenó militarizar el yacimiento de coltan y declararlo bien nacional, las autoridades en Colombia apenas saben que existe.

“Debate sobre minería se hace necesario”: PDA El movimiento político dejó en claro su preocupación por lo que pueda acarrear el nuevo Código de Minas.

Preocupados por el silencio de autoridades y comunidad en general por los planes de exploración y posible explotación de reservas mineras en el Quindío por parte de la empresa AngloGold Ashanti, la coordinadora departamental del Polo Democrático Alternativo, conminó a los diferentes actores de la región a un foro relacionado con el tema.

De acuerdo con información suministrada por el movimiento político en el departamento, la multinacional ya tendría cerca de 2.114 solicitudes y contratos de concesión en el territorio nacional, de los que cinco estarían localizados en Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento.

“La polémica desatada a partir de la expedición de la licencia de exploración por parte del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en contra del querer de la mayoría de los habitantes del Tolima y de la opinión pública nacional, produjo la necesidad de investigar sobre cuál es la situación del Quindío con respecto de los contratos de concesión y solicitudes de áreas para la exploración y posterior explotación minera y el resultado es que de 193.528 hectáreas de extensión del departamento, 120.284 están entregadas en concesión y solicitadas, o sea el 62,15% del Quindío. Calarcá está solicitado en más del 80%”, definió.

Advirtieron además que, con la expedición del nuevo Código de Minas “hay que ponerle cuidado, puesto que el gobierno nacional está comprometido con las multinacionales, para lo cual ya tramitó en el Congreso una reforma para darles todas las garantías, en detrimento de la pequeña y mediana minería nacional y de los recursos naturales y el medio ambiente en general. La explotación minera a cielo abierto es devastadora y contaminará y acabará con los recursos acuíferos de la región, allí donde se desarrolla, genera violencia, prostitución, desplazamiento poblacional y ruina, ya que el grueso de la riqueza se la llevan y al Estado sólo le queda el 4% de regalías”.

“Ingreso seguro” Privatizaciones y subsidios

Dos noticias publicadas el pasado jueves evidencian la esencia distributiva del actual gobierno. La primera sobre la venta de un 10% más de acciones de ECOPETROL para construcción de vías, y la segunda referida a los beneficiarios del Programa Agro Ingreso Seguro, son una clara demostración del desempeño de un gobierno que a la par que ha enajenado la riqueza pública más valiosa de los colombianos, bajo el argumento de escasez de recursos, los regala a manos llenas a los más ricos del país y a quienes apoyaron electoralmente su mandato ilegítimo. Cuenta la revista Cambio que “la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena”. Esto no es todo; en el mismo departamento, sumados los Vives Lacouture; los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, familiares entre sí y con miembros en altas posiciones del Gobierno, los Vives Pinedo socios de los Lacouture, los Dávila Abondano influyente clan de Magdalena y cabeza del rentable Grupo Daabon, estas prósperas e influyentes familias en el ámbito regional recibieron en conjunto otros más de $12.000 millones. En otros departamentos, el Valle por ejemplo, la prima del ex ministro Carlos Holguín Sardi fue favorecida con $200 millones, sin importar que “ellos de agricultura pocón”, en palabras del ex ministro1/. Y sin importar que al mismo tiempo millones de desplazados deambulaban por Colombia sin protección del Estado, lo que motivó repetidos reclamos de la Corte Constitucional a ese mismo gobierno tan espléndido con ciertas familias. Basta recordar el reciente drama del Parque Tercer Milenio.

¿Por qué preocuparse? si “es claro que (los beneficiarios de tan generosas dádivas) participaron en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y cumplieron con todos los requisitos y criterios de evaluación técnica, ambiental, financiera y productiva”, fue la cínica respuesta del director de Agro Ingreso Seguro, a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. “Transparencia” fue el término utilizado por Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, para justificar el obsequio por $496 millones dado bajo su administración al hijo del senador Alirio Villamizar, congresista tan cercano a los afectos del gobierno que su voto para la pasada reelección le mereció la adjudicación de notarias y otros cargos públicos.

No sólo son escandalosas estas ingentes donaciones a las familias más ricas e influyentes del país, -que se suman a las múltiples gabelas y exenciones tributarias otorgadas-, sino, además, cabe recordar que tras la génesis de estos subsidios se encuentra otra acción del gobierno profundamente contraria a los intereses de Colombia. El programa Agro Ingreso Seguro surgió como compensación a algunos agricultores, (la escasez de recursos imposibilitaba cubrir todos los damnificados), por los inocultables daños previstos a causa del TLC. La investigación de Cambio demuestra que dichos recursos, lejos de beneficiar a los más pobres, significaron un aberrante traspaso de riqueza de los colombianos a las arcas de familias poderosas y partidarios del gobierno; pues dichos fondos salen de los impuestos, del creciente endeudamiento y pérdidas de patrimonio público, como la venta realizada de acciones de ECOPETROL y la nueva fracción proyectada, de Isagen, de Telecom y de tantas otras valiosas empresas públicas.

Al tiempo que el gobierno privó a los colombianos de su más valioso patrimonio público benefició a los más ricos, incluidas las multinacionales extranjeras otorgándoles “seguridad jurídica”, subordinando a ella los derechos de los colombianos. Es tan claro que su principal proyecto económico de largo plazo, el TLC con Estados Unidos, fue realizado para el beneficio de aquellos y no de Colombia, que Uribe Vélez en diálogo con el expresidente Clinton reconoció que “nosotros estimamos que la aprobación del Tratado no va a causar un gran incremento de las exportaciones a los Estados Unidos en los años que vienen” 2/. La verdadera “importancia” de este Tratado, según Uribe, es “para darle una señal al mundo” para aumentar la inversión. El imperativo para el gobierno de la aprobación del TLC, según Luis Jorge Garay, es efectivamente lograr una señal que limpie su imagen ante la Comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.

Las “bondades” del verdadero objetivo del TLC, planteado por Uribe Vélez, de aumentar la inversión estadounidense, resultan muy cuestionables a la luz de la experiencia. En los últimos años la inversión extranjera en gran medida ha consistido en simple traspaso de propiedad de nacionales- y peor aún de valioso patrimonio público- a manos extranjeras. La propiedad de los recursos no es un detalle; el cambio en estos derechos tiene un enorme significado para el bienestar de los colombianos e introduce un factor de gran vulnerabilidad para la economía. No es indiferente que las rentas de Ecopetrol pertenezcan al señor Smith o Rodríguez que a la nación. Esto es lo que Fanelli, Frenkel y Rozenwurcel denominan “el problema de las transferencias internas”. Que parte de los ingresos de ECOPETROL no pertenezcan ya a la nación significa que deberán ser sustituidos por mayores impuestos o por endeudamiento externo o interno con mayores costos y posibles impactos sobre la tasa de interés. El traspaso de propiedad a manos extranjeras igualmente reduce el ingreso nacional. Bajo el mandato Uribe los giros de utilidades de estos inversionistas han constituido el principal factor del desequilibrio exterior y un verdadero desangre, más aún cuando muchas de estas rentas anteriormente pertenecían a los colombianos.

Las dádivas gubernamentales mediante “Agro Ingreso Seguro” y las concesiones a las multinacionales en el TLC, génesis de este programa, constituyen un costoso drenaje de ingresos para los colombianos. Más grave aún cuando dichas concesiones contemplan la renuncia a la soberanía nacional en el manejo de la economía y otras regulaciones de la vida nacional. Las libertades a los capitales y la nociva revaluación del peso son un abrebocas de lo que nos espera bajo el TLC, el cual consagra dichas libertades en perjuicio de Colombia.
1/ “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”.Revista Cambio 24/9/09.
2/ El Tiempo 23/9/09 Pág. 1-4.

Menos pobreza y más indigencia en Colombia

En los últimos seis años, tanto la pobreza como la indigencia en Colombia presentaron una significativa reducción. Mientras en el 2002, de cada 100 hogares 54 estaban en condición de pobreza, en 2008, son 46 hogares por cada 100.

En situación de indigencia, o pobreza extrema, se encontraban 20 de cada 100 hogares en 2002 y hoy son 18. Las cifras acaban de ser reveladas por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), que convocaron el DANE y Planeación Nacional para actualizar las cifras de pobreza y desigualdad en Colombia.

Esto quiere decir que al menos ocho millones de colombianos viven en la indigencia y otros 20 millones son pobres.

El estudio --que se hizo en 300 de los 1.098 municipios colombianos-- y la conformación del grupo fue iniciativa del gobierno alegando que debía llenarse el vacío de cifras sobre pobreza y desigualdad en el país debido a que oficinas estatales encargadas de tales datos tenían información desactualizada.

En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes.

La razón por la cual las cifras de pobreza e indigencia presentan mejoría en el país obedece a que durante cuatro años el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un promedio del 5 por ciento, lo que incidió en la mejora de las condiciones de la población.

Pese a la reducción de la pobreza, la curva de descenso de la indigencia no ha sido sostenida. La reducción más drástica en pobreza e indigencia se dió entre 2002 y 2005 (fue de 16 hogares de cada 100). Sin embargo, después de ese año, se incrementó de nuevo hasta 2008 (18 hogares de cada 100).

Esteban Piedrahita, Director de Planeación Nacional, atribuyó también la reducción de las cifras al programa Familias en Acción, el cual atiende a la personas más pobres del país, y a la reducción reciente de los precios de los alimentos (que es lo que a las familias en estado de indigencia).

La misión también entregó los indicadores sobre desigualdad (coeficiente de Gini) que permaneció estable en los últimos seis años, en 0,59 (la variable fluctua entre 0 y 1). Esto quiere decir que la desigualdad del ingreso sigue siendo muy alta en Colombia y una de las más elevadas de América Latina si se tiene en cuenta que cuando el indicador es cero es porque hay plena igualdad.

http://www.semana.com/noticias-economia/menos-pobreza-indigencia-colombia/127777.aspx

Exploración en La Colosa: entre ingenuidades e insinuaciones. Andrés Idárraga Franco - 9 jun 09

Exploración en La Colosa: entre ingenuidades e insinuaciones
En tan solo dos años (2003-2004) se produjeron en el Municipio de Cajamarca 73 violaciones a los derechos humanos, entre asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas a manos de miembros del Ejército de Colombia y los paramilitares. (1) Casualmente, cuatro años más tarde (2007), se realiza el anuncio por parte del gobierno nacional sobre del descubrimiento de una de las más grandes reservas de oro del mundo, luego de la desaparición, la intimidación, la pacificación y el asesinato a los pobladores del lugar, de lo cual sin duda alguna, de nuevo el capital privado transnacional resulta beneficiado.


Allí mismo, en Cajamarca, la empresa AngloGold Ashanti S.A. (AGA) desde el año 2003 pretende hacer un gran complejo minero el cual incluye: dos campamentos (“Bélgica” y “La Colosa”) con capacidad para alojar hasta 150 personas, un casino, unidades sanitarias, enfermerías, bodegas y helipuertos. Cada plataforma (170 en total) es de 100m2. Lo cual constituye un área de 17.000m2. Sin tener en cuenta que dichas plataformas no van a estar una junto a la otra; éstas van a estar en promedio a 400 metros de distancia entre ellas, lo cual implica el desaparecimiento, maltrato y/o desplazamiento de la flora y fauna, propia del área de reserva, en mucho más de 1.7 hectáreas.

Para el mes de diciembre del 2008, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, negar el permiso solicitado por la empresa AGA con fines de exploración de un total de 515.75 hectáreas de Reserva Forestal (2), por considerar que iría en contra de las normas constitucionales y legales de protección y defensa de los recursos naturales, y de los derechos colectivos; todo esto, en el marco del proyecto minero llamado La Colosa, en el Municipio de Cajamarca, Tolima. Exploración que busca, entre otros minerales: Cobre, Molibdeno, Oro, Plata, Platino y Zinc. La pretendida zona de exploración abarca las veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante, en el Municipio de Cajamarca y más específicamente en las microcuencas de las quebradas La Colosa y La Arenosa, componentes de la quebrada La Guala, subcuenca del río Bermellón, cuenca del río Coello, aguas de las que dependen distintos productos alimenticios que se producen en el lugar, tales como arroz, arracacha, café, fríjol, arveja, maíz y frutas como tomate de árbol, curaba, granadilla, mora, uchuva, breva y naranja, entre otros productos alimenticios que se compran en todo el país. Por ello, a Cajamarca la llaman “la despensa alimenticia de Colombia”.

El área de 515.75 hectáreas, que esta empresa pretende explotar, se encuentra entre los 2600 y 3400 m.s.n.m. Allí encontramos gran variedad de animales, entre otros: armadillos, osos perezosos, ardillas, guaguas, zorros, cusumbos, aves, (un total de 134 individuos representados en 15 familias, 29 géneros y 31 especies), anfibios (representados en 27 especies, 15 géneros y ocho familias) y 3 especies distintas de reptiles.

El proyecto minero conlleva no sólo la exploración de minerales, sino también el levantamiento de la veda nacional de las especies Quercus humboldtii (roble), Ceroxylon quindiense (palma de cera), familia Cyatheaceae (la palma boba o Palma de helecho); así como musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, lama, capote, broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte del hábitat de tales especies.(3)

La población en los territorios que afectan directamente el proyecto minero (Veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante) para el año 2005 se encontraba en 574 personas. Las mismas y hasta menos de las que posiblemente serán desplazadas de su hábitat, profesiones, cultura y actividades económicas con el inicio de la fase de explotación.

El Representante Legal de AGA, con oficio Radicado en el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda con el No. 4120-E1-20644 del febrero 25 de 2008 –tan solo cuatro días después de que la autoridad local ambiental ordenara la suspensión de los trabajos ilegales que venían desarrollando en la zona-, solicitó la sustracción de la área de Reserva Forestal Central en un total de 515,75 hectáreas ubicadas en Cajamarca, a pesar de que para ese entonces, por cuenta propia y en complicidad de las autoridades ambientales (Cortolima y el Ministerio de Ambiente), ya habían iniciado los trabajos de exploración.

La anterior afirmación la hacemos teniendo presente no sólo la misma Resolución del Ministerio de Ambiente, sino también, un artículo de la revista ambiental Catorce 6, de su edición número 11, abril-mayo de 2009, de la página 14 titulado “Minería de oro ¿un panorama opaco?”. (No podríamos continuar sin mencionar que dicha revista es financiada, entre otras empresas, por la misma AngloGold Ashanti S.A. y Bancolombia).

En dicho artículo, se informa que al momento de la suspensión (21 de febrero de 2008) AGA ya había realizado la prospección geológica de la zona, tomando muestras del suelo y del agua, y llevaba casi un año de exploración, haciendo un total de 74 perforaciones.(4)

La misma ex directora de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Gloria Lucía Álvarez, hoy asesora ambiental de AGA, afirmó: “la empresa tenía perfectamente claro que estaba operando dentro de una reserva forestal. Pero es que en este caso específico, el Ministerio ya se había pronunciado. Había dicho que la etapa de exploración era compatible con la reserva y que no había que hacer sustracciones”.(5)

Hasta el momento y sin autorización, la empresa AGA ha realizado tres de las cuatro fases del proceso exploratorio (6); en la tercera, según el mismo Ministerio de Minas se han intervenido “6840 m2, más los accesos, correspondientes a 57 perforaciones de tipo multipozo, en su mayoría. En la fase cuatro se estima que se instalarán para perforación 170 plataformas, lo cual implica una intervención total de 17.000 m2, más los accesos nuevos”.(7) Es decir, que en el área de Reserva Forestal, sin autorización, ni plan de manejo ambiental o de recuperación del área, se sustrajo ilegalmente para una actividad minera 1.7 Has., hasta el momento sin reclamos o investigaciones por parte de los organismos de control a las autoridades responsables del cuidado de nuestras zonas de reserva ambiental y forestal.

Sin embargo, la Doctora Bertha Cruz Forero, Directora de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente emite la resolución 814/09, y premiando a la transnacional AGA (legalizando lo ilegal), autoriza la sustracción de 6.39 hectáreas de reserva forestal con fines de exploración; resolución en la cual determina como impactos severos (5.1. Evaluación de Impactos): “el cambio de las características del suelo, cambio del paisaje, la alteración de la cobertura vegetal, de la biodiversidad y de la dinámica ecosistémica; la modificación de los hábitat naturales, el desplazamiento de la fauna, de la dinámica de sus poblaciones y comunidades y la alteración de la biodiversidad; socialmente, la generación de expectativas, la migración de la población y la modificación de la ocupación laboral”. Durante las etapas de adecuación y construcción “la emisión de partículas, la alteración de la calidad del agua, aporte de sedimentos a las corrientes superficiales, activación de los procesos erosivos, generación de procesos de inestabilidad y alteración del patrimonio arqueológico”. Y durante la etapa de perforación “la generación de expectativas y demanda de servicios públicos y sociales urbanos. Durante la etapa de desmantelamiento, la migración de población”.

La misma resolución del Ministerio de Ambiente, plantea que en “relación con los impactos ambientales durante esta etapa son puntuales y temporales, están relacionados con: - La alteración de la calidad físico química y biológica del recurso hídrico originados por el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de depósito de material, aguas residuales o por derrames de combustibles; - Remoción y pérdida del suelo; - Procesos erosivos, generación de estériles y escombros, hundimiento, fenómenos de remoción en masa, modificación del paisaje; - Pérdida de cobertura vegetal y capa superficial del suelo en terrenos con relieve pronunciado generando desestabilización de pendientes; - Afectación de la fauna por pérdida de ecosistemas, generación de ruido; - Afectación del patrimonio cultural; - Es un cambio escénico del paisaje natural y cultural, ocasionado por la infraestructura del proyecto”.

A pesar de que el proyecto minero se encuentra en terrenos de Reserva Forestal de acuerdo con la ley 2ª de 1959, resulta desconcertante e indignante, que el Ministerio considere que “Si los resultados de la exploración determinan que es viable pasar a la etapa de explotación, se deberá iniciar el trámite de sustracción definitiva de la reserva forestal y de Licencia Ambiental”(8) , lo cual es muestra de la voluntad del gobierno colombiano de acabar con la reserva forestal y su diversidad, a cambio de finitas e irrisorias regalías, sin tener en cuenta los grave impactos ambientales y socio-económicos arriba descritos.

Mal presagio. ¿Para qué permitir la exploración en 6.39 Has., si al fin y al cabo esta zona está protegida? El Ministerio orgullosa y “sabiamente” en su resolución, le plantea a la empresa transnacional realizar la fase IV de exploración, en la cual “solo se podrán adelantar en áreas de pastos y rastrojos”, como si éstos le sobraran a la tierra o no tuvieran alguna función dentro del ecosistema.(9)

El actual Ministro de Ambiente, según la Revista Semana del pasado 04 de junio afirmó que “su gabinete no ha aprobado ni aprobaría un proyecto que genere tal impacto ambiental… tan solo se aprobó la exploración que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente”.(10) Lo extraño es que si no se aprobará dicho proyecto, ¿para que causar ese daño “reversible” a los ecosistemas forestales con la sustracción de las 6.39 Has y de paso desgastar a todas las autoridades en esta discusión? ¿No hubiera bastado acaso con la suspensión definitiva de las actividades exploratorias y la debida reparación por los daños ambientales causados por la transnacional AGA, tal y como lo recomendó la Procuraduría General de la Nación? ¿Para qué hacer revegetalizaciones y restauraciones hídricas en las áreas afectadas por la exploración durante por lo menos tres años, si al fin de cuentas, según el ministro, un proyecto minero en este lugar nunca se dará?

De nuevo las organizaciones preocupadas por el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, tenemos que abrir la discusión frente a las autoridades, entre otras cosas, sobre la interpretación de la ley, desde nuestro punto de vista, siempre favorable a los intereses del capital privado y no de los ciudadanos, y alrededor de quién tiene la competencia para reglamentar el uso y funcionamiento de las zonas de reserva ¿el Ministerio de Ambiente con base en el numeral 18 del artículo 5 de la ley 99 de 1993 o son los instrumentos de planificación definidos en los PONCA y los EOT?

Finalmente, debo señalar que en su momento y como consecuencia de la suspensión de la actividad exploratoria por parte de Cortolima, el Presidente de AGA Colombia, Rafael Herz afirmó que “La empresa siente una doble injusticia”, pues según él, ellos iniciaron su programa de exploración en el 2003 “en un momento en el que otras empresas no estaban dispuestas a apostarle a Colombia por temas de seguridad”(11). Quizás el señor Herz espere una carta de agradecimiento del movimiento ambientalista colombiano, antes de que el Presidente Uribe le dé alguna condecoración, gracias a su buena voluntad de iniciar inversiones en un país con tantas “incertidumbres para el capital privado” y haber arriesgado sin mayores cálculos: US$140 millones.

Para que no crea que tenemos algo contra este tipo de acciones violadoras de los derechos colectivos y ambientales de nuestro país, le decimos señor Herz: GRACIAS.

Ahora, ¿Será que la Doctora Álvarez, luego de haber sido la directora de una de las instituciones ambientales del país, no tenía idea de que se tenía que solicitar la licencia para realizar la exploración? En todo caso estará por verse si en el marco de una investigación disciplinaria al ex-ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el ecológico Juan Lozano, continuará afirmando lo mismo. Esperamos que así lo sea. En cualquier caso, nos gustaría ver el pronunciamiento que según la asesora ambiental de AGA y ex directora de la CAR, doctora Álvarez, realizó el Ministerio de Ambiente.

Y ¿qué va a pasar con los daños ambientales causados por las 74 perforaciones correspondientes a las etapas I, II y III de exploraciones (ilegal) realizadas por la AngloGold Ashanti S.A.? Esperamos tener respuestas pronto por parte de los señores y señoras de Cortolima y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.


Notas: (1) A mediados de agosto de 2003, fueron detenidos de manera arbitraria 59 campesinos y dejados semanas después en libertad. El 2 de noviembre fueron asesinados cinco miembros de la comunidad, entre ellos dos dirigentes sindicales y un defensor de derechos humanos; seguidamente, se produjeron desapariciones forzadas: los cuerpos de Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55, Ricardo Espejo de 30 y José Céspedes de 30, fueron encontrados descuartizados en una fosa común. El 10 de abril de 2004 fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, a manos de las Fuerzas Militares pertenecientes a la VI Brigada. Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego realizado a menos de 60 centímetros. El Ejército y la Policía coparon y controlaron totalmente la región mediante la “Operación Pijao”. En: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/153-edicion-130/792-ahora-si-entiendo-por-que%E2%80%A6-oro-en-cajamarca-(tolima).html consultada el 05 de junio de 2009. (2) Para el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, Capítulo I DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL, las zonas de Reserva Forestal son: Artículo 206: “Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. Y más adelante, el artículo 208 establece “La licencia –para actividades económicas dentro de una zona de reserva forestal- sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta (sic) contra la conservación de recursos naturales renovables del área”. (3) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (4) Revista ambiental Catorce 6 Numero 11 abril-mayo de 2009. Minería de oro ¿un panorama opaco? Bogotá, Colombia. Página 15. (5) Ídem. (6) Prospección geológica a nivel regional; prospección geológica superficial a nivel detallado; realización de perforaciones para la toma de muestras a diferentes profundidades con una separación de 100 m. en las áreas de mayor interés y con separaciones de 200 a 400 metros entre pozo y pozo en áreas de menor interés; y la realización de perforaciones distanciadas cada 50 metros, para la obtención de muestras que se emplean en pruebas piloto de tipo metalúrgico. (7) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (8) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. "9. Consideraciones". Página 25. (9) Los pastos y rastrojos poseen gran importancia pues tienen funciones de aireación y fertilización del suelo y el porte de bacterias necesarias para la asimilación de minerales por las plantas. Es decir, son un recurso fundamental para la fertilidad del suelo, lo que a su vez, evita la erosión. Otros estudios demuestran que hasta el 60% de los nutrientes absorbidos por las plantas quedan en la biomasa de rastrojos. (10) Revista Semana 04 de Junio de 2009. En: http://www.semana.com/noticias-medio-ambiente/debate-efectos-mina-oro-tolima/124727.aspx (11) Revista ambiental Catorce 6. Op. Cit. Página 15



Tomado de: Censat Agua viva

(http://www.censat.org/noticias/2009/6/9/Exploracion-en-La-Colosa-entre-ingenuidades-e-insinuaciones/)

Colombia, único país sin firmar acuerdo para conservar el atún. Pablo Correa

Colombia decidió nadar a contracorriente en la Comisión Interamericana del Atún Tropical, organismo que reúne a los 16 países que cuentan con flotas pesqueras de atún y otras especies en el Pacífico Oriental. Así lo han advertido las organizaciones ambientales WWF, Conservación Internacional, la Fundación Malpelo y la Fundación MarViva.

El pasado 12 de junio, en la reunión que se llevó a cabo en La Jolla (California, EU), la delegación colombiana fue la única que se negó a firmar un histórico acuerdo que permitirá implementar medidas urgentes para evitar que las poblaciones de atún sigan descendiendo y lleguen a un punto crítico.

Atendiendo el llamado de científicos sobre el riesgo de desaparecer que corren especies como el atún patudo y el atún aleta amarilla, todos los países de la Comisión, salvo Colombia, coincidieron en la importancia de pactar una veda anual para los años 2009, 2010 y 2011 de 59, 62 y 73 días respectivamente.

“Es el tipo de respiro que necesitan estas poblaciones para recuperarse”, recalcó Carlos Drews, coordinador regional del Programa Marino y de Especies para América Latina y el Caribe de WWF.

El atún es de lejos la especie más codiciada por la pesquería industrial y por supuesto por los comensales. En 2007, según cifras de la Corporación Colombia Internacional que maneja el Sistema de Información Sectorial Pesquera y Acuícola, las exportaciones de atún representaron un total de US$61.743.880, es decir, el 37% del sector. En volumen, los atunes y crustáceos aportan el 88% del total de las exportaciones (el 66% corresponde a atún con 42.631 toneladas).

Si bien es cierto que cualquier medida de conservación tiene un costo, los 15 países firmantes comprendieron que es la única salida para que en el mediano y largo plazo el negocio del atún sea sostenible.

Según Carlos Drews, por tratarse de un recurso compartido, ya que las poblaciones de atún viajan grandes distancias oceánicas, la única salida viable para su conservación es un acuerdo multilateral de veda. Si un país se niega a firmar el acuerdo, pone en peligro el compromiso de todos.

Las vedas de atún se han convertido en delicado y polémico tema en todo el mundo. En Europa, organizaciones de consumidores han amenazado con boicotear a supermercados y restaurantes que ofrezcan platillos con especies de atún amenazadas. De hecho, la International Seafood Sustainability Foundation, un organismo que agrupa a comercializadores de productos de mar ha advertido que dejará de comprar atún a los países que no se comprometan con las vedas.

El Espectador intentó conocer la opinión de Carlos Robles, uno de los delegados del gobierno ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical pero no fue posible. Tampoco quiso pronunciarse la Cámara de la Industria Pesquera de la Andi, que representa al sector.

Un experto en el sector pesquero explicó que Colombia no está de acuerdo con la resolución porque no se regula la pesca con dispositivos electrónicos agregadores de peces, técnica considerada la más depredadora. También cree que una veda escalonada (veda por barcos) permitiría controlar el problema ambiental sin afectar a una industria que ofrece empleo directo a 6.000 personas en el país.

El plazo para que Colombia objete o ratifique la resolución es el 15 de julio.