“Debate sobre minería se hace necesario”: PDA El movimiento político dejó en claro su preocupación por lo que pueda acarrear el nuevo Código de Minas.

Preocupados por el silencio de autoridades y comunidad en general por los planes de exploración y posible explotación de reservas mineras en el Quindío por parte de la empresa AngloGold Ashanti, la coordinadora departamental del Polo Democrático Alternativo, conminó a los diferentes actores de la región a un foro relacionado con el tema.

De acuerdo con información suministrada por el movimiento político en el departamento, la multinacional ya tendría cerca de 2.114 solicitudes y contratos de concesión en el territorio nacional, de los que cinco estarían localizados en Pijao, Córdoba, Calarcá y Salento.

“La polémica desatada a partir de la expedición de la licencia de exploración por parte del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en contra del querer de la mayoría de los habitantes del Tolima y de la opinión pública nacional, produjo la necesidad de investigar sobre cuál es la situación del Quindío con respecto de los contratos de concesión y solicitudes de áreas para la exploración y posterior explotación minera y el resultado es que de 193.528 hectáreas de extensión del departamento, 120.284 están entregadas en concesión y solicitadas, o sea el 62,15% del Quindío. Calarcá está solicitado en más del 80%”, definió.

Advirtieron además que, con la expedición del nuevo Código de Minas “hay que ponerle cuidado, puesto que el gobierno nacional está comprometido con las multinacionales, para lo cual ya tramitó en el Congreso una reforma para darles todas las garantías, en detrimento de la pequeña y mediana minería nacional y de los recursos naturales y el medio ambiente en general. La explotación minera a cielo abierto es devastadora y contaminará y acabará con los recursos acuíferos de la región, allí donde se desarrolla, genera violencia, prostitución, desplazamiento poblacional y ruina, ya que el grueso de la riqueza se la llevan y al Estado sólo le queda el 4% de regalías”.

“Ingreso seguro” Privatizaciones y subsidios

Dos noticias publicadas el pasado jueves evidencian la esencia distributiva del actual gobierno. La primera sobre la venta de un 10% más de acciones de ECOPETROL para construcción de vías, y la segunda referida a los beneficiarios del Programa Agro Ingreso Seguro, son una clara demostración del desempeño de un gobierno que a la par que ha enajenado la riqueza pública más valiosa de los colombianos, bajo el argumento de escasez de recursos, los regala a manos llenas a los más ricos del país y a quienes apoyaron electoralmente su mandato ilegítimo. Cuenta la revista Cambio que “la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena”. Esto no es todo; en el mismo departamento, sumados los Vives Lacouture; los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, familiares entre sí y con miembros en altas posiciones del Gobierno, los Vives Pinedo socios de los Lacouture, los Dávila Abondano influyente clan de Magdalena y cabeza del rentable Grupo Daabon, estas prósperas e influyentes familias en el ámbito regional recibieron en conjunto otros más de $12.000 millones. En otros departamentos, el Valle por ejemplo, la prima del ex ministro Carlos Holguín Sardi fue favorecida con $200 millones, sin importar que “ellos de agricultura pocón”, en palabras del ex ministro1/. Y sin importar que al mismo tiempo millones de desplazados deambulaban por Colombia sin protección del Estado, lo que motivó repetidos reclamos de la Corte Constitucional a ese mismo gobierno tan espléndido con ciertas familias. Basta recordar el reciente drama del Parque Tercer Milenio.

¿Por qué preocuparse? si “es claro que (los beneficiarios de tan generosas dádivas) participaron en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y cumplieron con todos los requisitos y criterios de evaluación técnica, ambiental, financiera y productiva”, fue la cínica respuesta del director de Agro Ingreso Seguro, a las que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. “Transparencia” fue el término utilizado por Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, para justificar el obsequio por $496 millones dado bajo su administración al hijo del senador Alirio Villamizar, congresista tan cercano a los afectos del gobierno que su voto para la pasada reelección le mereció la adjudicación de notarias y otros cargos públicos.

No sólo son escandalosas estas ingentes donaciones a las familias más ricas e influyentes del país, -que se suman a las múltiples gabelas y exenciones tributarias otorgadas-, sino, además, cabe recordar que tras la génesis de estos subsidios se encuentra otra acción del gobierno profundamente contraria a los intereses de Colombia. El programa Agro Ingreso Seguro surgió como compensación a algunos agricultores, (la escasez de recursos imposibilitaba cubrir todos los damnificados), por los inocultables daños previstos a causa del TLC. La investigación de Cambio demuestra que dichos recursos, lejos de beneficiar a los más pobres, significaron un aberrante traspaso de riqueza de los colombianos a las arcas de familias poderosas y partidarios del gobierno; pues dichos fondos salen de los impuestos, del creciente endeudamiento y pérdidas de patrimonio público, como la venta realizada de acciones de ECOPETROL y la nueva fracción proyectada, de Isagen, de Telecom y de tantas otras valiosas empresas públicas.

Al tiempo que el gobierno privó a los colombianos de su más valioso patrimonio público benefició a los más ricos, incluidas las multinacionales extranjeras otorgándoles “seguridad jurídica”, subordinando a ella los derechos de los colombianos. Es tan claro que su principal proyecto económico de largo plazo, el TLC con Estados Unidos, fue realizado para el beneficio de aquellos y no de Colombia, que Uribe Vélez en diálogo con el expresidente Clinton reconoció que “nosotros estimamos que la aprobación del Tratado no va a causar un gran incremento de las exportaciones a los Estados Unidos en los años que vienen” 2/. La verdadera “importancia” de este Tratado, según Uribe, es “para darle una señal al mundo” para aumentar la inversión. El imperativo para el gobierno de la aprobación del TLC, según Luis Jorge Garay, es efectivamente lograr una señal que limpie su imagen ante la Comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.

Las “bondades” del verdadero objetivo del TLC, planteado por Uribe Vélez, de aumentar la inversión estadounidense, resultan muy cuestionables a la luz de la experiencia. En los últimos años la inversión extranjera en gran medida ha consistido en simple traspaso de propiedad de nacionales- y peor aún de valioso patrimonio público- a manos extranjeras. La propiedad de los recursos no es un detalle; el cambio en estos derechos tiene un enorme significado para el bienestar de los colombianos e introduce un factor de gran vulnerabilidad para la economía. No es indiferente que las rentas de Ecopetrol pertenezcan al señor Smith o Rodríguez que a la nación. Esto es lo que Fanelli, Frenkel y Rozenwurcel denominan “el problema de las transferencias internas”. Que parte de los ingresos de ECOPETROL no pertenezcan ya a la nación significa que deberán ser sustituidos por mayores impuestos o por endeudamiento externo o interno con mayores costos y posibles impactos sobre la tasa de interés. El traspaso de propiedad a manos extranjeras igualmente reduce el ingreso nacional. Bajo el mandato Uribe los giros de utilidades de estos inversionistas han constituido el principal factor del desequilibrio exterior y un verdadero desangre, más aún cuando muchas de estas rentas anteriormente pertenecían a los colombianos.

Las dádivas gubernamentales mediante “Agro Ingreso Seguro” y las concesiones a las multinacionales en el TLC, génesis de este programa, constituyen un costoso drenaje de ingresos para los colombianos. Más grave aún cuando dichas concesiones contemplan la renuncia a la soberanía nacional en el manejo de la economía y otras regulaciones de la vida nacional. Las libertades a los capitales y la nociva revaluación del peso son un abrebocas de lo que nos espera bajo el TLC, el cual consagra dichas libertades en perjuicio de Colombia.
1/ “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”.Revista Cambio 24/9/09.
2/ El Tiempo 23/9/09 Pág. 1-4.

Menos pobreza y más indigencia en Colombia

En los últimos seis años, tanto la pobreza como la indigencia en Colombia presentaron una significativa reducción. Mientras en el 2002, de cada 100 hogares 54 estaban en condición de pobreza, en 2008, son 46 hogares por cada 100.

En situación de indigencia, o pobreza extrema, se encontraban 20 de cada 100 hogares en 2002 y hoy son 18. Las cifras acaban de ser reveladas por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), que convocaron el DANE y Planeación Nacional para actualizar las cifras de pobreza y desigualdad en Colombia.

Esto quiere decir que al menos ocho millones de colombianos viven en la indigencia y otros 20 millones son pobres.

El estudio --que se hizo en 300 de los 1.098 municipios colombianos-- y la conformación del grupo fue iniciativa del gobierno alegando que debía llenarse el vacío de cifras sobre pobreza y desigualdad en el país debido a que oficinas estatales encargadas de tales datos tenían información desactualizada.

En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a un millón 100 mil pesos mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, que en el país se estima que cuesta 450 mil pesos para cuatro integrantes.

La razón por la cual las cifras de pobreza e indigencia presentan mejoría en el país obedece a que durante cuatro años el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un promedio del 5 por ciento, lo que incidió en la mejora de las condiciones de la población.

Pese a la reducción de la pobreza, la curva de descenso de la indigencia no ha sido sostenida. La reducción más drástica en pobreza e indigencia se dió entre 2002 y 2005 (fue de 16 hogares de cada 100). Sin embargo, después de ese año, se incrementó de nuevo hasta 2008 (18 hogares de cada 100).

Esteban Piedrahita, Director de Planeación Nacional, atribuyó también la reducción de las cifras al programa Familias en Acción, el cual atiende a la personas más pobres del país, y a la reducción reciente de los precios de los alimentos (que es lo que a las familias en estado de indigencia).

La misión también entregó los indicadores sobre desigualdad (coeficiente de Gini) que permaneció estable en los últimos seis años, en 0,59 (la variable fluctua entre 0 y 1). Esto quiere decir que la desigualdad del ingreso sigue siendo muy alta en Colombia y una de las más elevadas de América Latina si se tiene en cuenta que cuando el indicador es cero es porque hay plena igualdad.

http://www.semana.com/noticias-economia/menos-pobreza-indigencia-colombia/127777.aspx

Exploración en La Colosa: entre ingenuidades e insinuaciones. Andrés Idárraga Franco - 9 jun 09

Exploración en La Colosa: entre ingenuidades e insinuaciones
En tan solo dos años (2003-2004) se produjeron en el Municipio de Cajamarca 73 violaciones a los derechos humanos, entre asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas a manos de miembros del Ejército de Colombia y los paramilitares. (1) Casualmente, cuatro años más tarde (2007), se realiza el anuncio por parte del gobierno nacional sobre del descubrimiento de una de las más grandes reservas de oro del mundo, luego de la desaparición, la intimidación, la pacificación y el asesinato a los pobladores del lugar, de lo cual sin duda alguna, de nuevo el capital privado transnacional resulta beneficiado.


Allí mismo, en Cajamarca, la empresa AngloGold Ashanti S.A. (AGA) desde el año 2003 pretende hacer un gran complejo minero el cual incluye: dos campamentos (“Bélgica” y “La Colosa”) con capacidad para alojar hasta 150 personas, un casino, unidades sanitarias, enfermerías, bodegas y helipuertos. Cada plataforma (170 en total) es de 100m2. Lo cual constituye un área de 17.000m2. Sin tener en cuenta que dichas plataformas no van a estar una junto a la otra; éstas van a estar en promedio a 400 metros de distancia entre ellas, lo cual implica el desaparecimiento, maltrato y/o desplazamiento de la flora y fauna, propia del área de reserva, en mucho más de 1.7 hectáreas.

Para el mes de diciembre del 2008, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, negar el permiso solicitado por la empresa AGA con fines de exploración de un total de 515.75 hectáreas de Reserva Forestal (2), por considerar que iría en contra de las normas constitucionales y legales de protección y defensa de los recursos naturales, y de los derechos colectivos; todo esto, en el marco del proyecto minero llamado La Colosa, en el Municipio de Cajamarca, Tolima. Exploración que busca, entre otros minerales: Cobre, Molibdeno, Oro, Plata, Platino y Zinc. La pretendida zona de exploración abarca las veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante, en el Municipio de Cajamarca y más específicamente en las microcuencas de las quebradas La Colosa y La Arenosa, componentes de la quebrada La Guala, subcuenca del río Bermellón, cuenca del río Coello, aguas de las que dependen distintos productos alimenticios que se producen en el lugar, tales como arroz, arracacha, café, fríjol, arveja, maíz y frutas como tomate de árbol, curaba, granadilla, mora, uchuva, breva y naranja, entre otros productos alimenticios que se compran en todo el país. Por ello, a Cajamarca la llaman “la despensa alimenticia de Colombia”.

El área de 515.75 hectáreas, que esta empresa pretende explotar, se encuentra entre los 2600 y 3400 m.s.n.m. Allí encontramos gran variedad de animales, entre otros: armadillos, osos perezosos, ardillas, guaguas, zorros, cusumbos, aves, (un total de 134 individuos representados en 15 familias, 29 géneros y 31 especies), anfibios (representados en 27 especies, 15 géneros y ocho familias) y 3 especies distintas de reptiles.

El proyecto minero conlleva no sólo la exploración de minerales, sino también el levantamiento de la veda nacional de las especies Quercus humboldtii (roble), Ceroxylon quindiense (palma de cera), familia Cyatheaceae (la palma boba o Palma de helecho); así como musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, lama, capote, broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte del hábitat de tales especies.(3)

La población en los territorios que afectan directamente el proyecto minero (Veredas La Luisa, La Paloma y El Diamante) para el año 2005 se encontraba en 574 personas. Las mismas y hasta menos de las que posiblemente serán desplazadas de su hábitat, profesiones, cultura y actividades económicas con el inicio de la fase de explotación.

El Representante Legal de AGA, con oficio Radicado en el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda con el No. 4120-E1-20644 del febrero 25 de 2008 –tan solo cuatro días después de que la autoridad local ambiental ordenara la suspensión de los trabajos ilegales que venían desarrollando en la zona-, solicitó la sustracción de la área de Reserva Forestal Central en un total de 515,75 hectáreas ubicadas en Cajamarca, a pesar de que para ese entonces, por cuenta propia y en complicidad de las autoridades ambientales (Cortolima y el Ministerio de Ambiente), ya habían iniciado los trabajos de exploración.

La anterior afirmación la hacemos teniendo presente no sólo la misma Resolución del Ministerio de Ambiente, sino también, un artículo de la revista ambiental Catorce 6, de su edición número 11, abril-mayo de 2009, de la página 14 titulado “Minería de oro ¿un panorama opaco?”. (No podríamos continuar sin mencionar que dicha revista es financiada, entre otras empresas, por la misma AngloGold Ashanti S.A. y Bancolombia).

En dicho artículo, se informa que al momento de la suspensión (21 de febrero de 2008) AGA ya había realizado la prospección geológica de la zona, tomando muestras del suelo y del agua, y llevaba casi un año de exploración, haciendo un total de 74 perforaciones.(4)

La misma ex directora de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Gloria Lucía Álvarez, hoy asesora ambiental de AGA, afirmó: “la empresa tenía perfectamente claro que estaba operando dentro de una reserva forestal. Pero es que en este caso específico, el Ministerio ya se había pronunciado. Había dicho que la etapa de exploración era compatible con la reserva y que no había que hacer sustracciones”.(5)

Hasta el momento y sin autorización, la empresa AGA ha realizado tres de las cuatro fases del proceso exploratorio (6); en la tercera, según el mismo Ministerio de Minas se han intervenido “6840 m2, más los accesos, correspondientes a 57 perforaciones de tipo multipozo, en su mayoría. En la fase cuatro se estima que se instalarán para perforación 170 plataformas, lo cual implica una intervención total de 17.000 m2, más los accesos nuevos”.(7) Es decir, que en el área de Reserva Forestal, sin autorización, ni plan de manejo ambiental o de recuperación del área, se sustrajo ilegalmente para una actividad minera 1.7 Has., hasta el momento sin reclamos o investigaciones por parte de los organismos de control a las autoridades responsables del cuidado de nuestras zonas de reserva ambiental y forestal.

Sin embargo, la Doctora Bertha Cruz Forero, Directora de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente emite la resolución 814/09, y premiando a la transnacional AGA (legalizando lo ilegal), autoriza la sustracción de 6.39 hectáreas de reserva forestal con fines de exploración; resolución en la cual determina como impactos severos (5.1. Evaluación de Impactos): “el cambio de las características del suelo, cambio del paisaje, la alteración de la cobertura vegetal, de la biodiversidad y de la dinámica ecosistémica; la modificación de los hábitat naturales, el desplazamiento de la fauna, de la dinámica de sus poblaciones y comunidades y la alteración de la biodiversidad; socialmente, la generación de expectativas, la migración de la población y la modificación de la ocupación laboral”. Durante las etapas de adecuación y construcción “la emisión de partículas, la alteración de la calidad del agua, aporte de sedimentos a las corrientes superficiales, activación de los procesos erosivos, generación de procesos de inestabilidad y alteración del patrimonio arqueológico”. Y durante la etapa de perforación “la generación de expectativas y demanda de servicios públicos y sociales urbanos. Durante la etapa de desmantelamiento, la migración de población”.

La misma resolución del Ministerio de Ambiente, plantea que en “relación con los impactos ambientales durante esta etapa son puntuales y temporales, están relacionados con: - La alteración de la calidad físico química y biológica del recurso hídrico originados por el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de depósito de material, aguas residuales o por derrames de combustibles; - Remoción y pérdida del suelo; - Procesos erosivos, generación de estériles y escombros, hundimiento, fenómenos de remoción en masa, modificación del paisaje; - Pérdida de cobertura vegetal y capa superficial del suelo en terrenos con relieve pronunciado generando desestabilización de pendientes; - Afectación de la fauna por pérdida de ecosistemas, generación de ruido; - Afectación del patrimonio cultural; - Es un cambio escénico del paisaje natural y cultural, ocasionado por la infraestructura del proyecto”.

A pesar de que el proyecto minero se encuentra en terrenos de Reserva Forestal de acuerdo con la ley 2ª de 1959, resulta desconcertante e indignante, que el Ministerio considere que “Si los resultados de la exploración determinan que es viable pasar a la etapa de explotación, se deberá iniciar el trámite de sustracción definitiva de la reserva forestal y de Licencia Ambiental”(8) , lo cual es muestra de la voluntad del gobierno colombiano de acabar con la reserva forestal y su diversidad, a cambio de finitas e irrisorias regalías, sin tener en cuenta los grave impactos ambientales y socio-económicos arriba descritos.

Mal presagio. ¿Para qué permitir la exploración en 6.39 Has., si al fin y al cabo esta zona está protegida? El Ministerio orgullosa y “sabiamente” en su resolución, le plantea a la empresa transnacional realizar la fase IV de exploración, en la cual “solo se podrán adelantar en áreas de pastos y rastrojos”, como si éstos le sobraran a la tierra o no tuvieran alguna función dentro del ecosistema.(9)

El actual Ministro de Ambiente, según la Revista Semana del pasado 04 de junio afirmó que “su gabinete no ha aprobado ni aprobaría un proyecto que genere tal impacto ambiental… tan solo se aprobó la exploración que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente”.(10) Lo extraño es que si no se aprobará dicho proyecto, ¿para que causar ese daño “reversible” a los ecosistemas forestales con la sustracción de las 6.39 Has y de paso desgastar a todas las autoridades en esta discusión? ¿No hubiera bastado acaso con la suspensión definitiva de las actividades exploratorias y la debida reparación por los daños ambientales causados por la transnacional AGA, tal y como lo recomendó la Procuraduría General de la Nación? ¿Para qué hacer revegetalizaciones y restauraciones hídricas en las áreas afectadas por la exploración durante por lo menos tres años, si al fin de cuentas, según el ministro, un proyecto minero en este lugar nunca se dará?

De nuevo las organizaciones preocupadas por el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable, tenemos que abrir la discusión frente a las autoridades, entre otras cosas, sobre la interpretación de la ley, desde nuestro punto de vista, siempre favorable a los intereses del capital privado y no de los ciudadanos, y alrededor de quién tiene la competencia para reglamentar el uso y funcionamiento de las zonas de reserva ¿el Ministerio de Ambiente con base en el numeral 18 del artículo 5 de la ley 99 de 1993 o son los instrumentos de planificación definidos en los PONCA y los EOT?

Finalmente, debo señalar que en su momento y como consecuencia de la suspensión de la actividad exploratoria por parte de Cortolima, el Presidente de AGA Colombia, Rafael Herz afirmó que “La empresa siente una doble injusticia”, pues según él, ellos iniciaron su programa de exploración en el 2003 “en un momento en el que otras empresas no estaban dispuestas a apostarle a Colombia por temas de seguridad”(11). Quizás el señor Herz espere una carta de agradecimiento del movimiento ambientalista colombiano, antes de que el Presidente Uribe le dé alguna condecoración, gracias a su buena voluntad de iniciar inversiones en un país con tantas “incertidumbres para el capital privado” y haber arriesgado sin mayores cálculos: US$140 millones.

Para que no crea que tenemos algo contra este tipo de acciones violadoras de los derechos colectivos y ambientales de nuestro país, le decimos señor Herz: GRACIAS.

Ahora, ¿Será que la Doctora Álvarez, luego de haber sido la directora de una de las instituciones ambientales del país, no tenía idea de que se tenía que solicitar la licencia para realizar la exploración? En todo caso estará por verse si en el marco de una investigación disciplinaria al ex-ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el ecológico Juan Lozano, continuará afirmando lo mismo. Esperamos que así lo sea. En cualquier caso, nos gustaría ver el pronunciamiento que según la asesora ambiental de AGA y ex directora de la CAR, doctora Álvarez, realizó el Ministerio de Ambiente.

Y ¿qué va a pasar con los daños ambientales causados por las 74 perforaciones correspondientes a las etapas I, II y III de exploraciones (ilegal) realizadas por la AngloGold Ashanti S.A.? Esperamos tener respuestas pronto por parte de los señores y señoras de Cortolima y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.


Notas: (1) A mediados de agosto de 2003, fueron detenidos de manera arbitraria 59 campesinos y dejados semanas después en libertad. El 2 de noviembre fueron asesinados cinco miembros de la comunidad, entre ellos dos dirigentes sindicales y un defensor de derechos humanos; seguidamente, se produjeron desapariciones forzadas: los cuerpos de Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55, Ricardo Espejo de 30 y José Céspedes de 30, fueron encontrados descuartizados en una fosa común. El 10 de abril de 2004 fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, a manos de las Fuerzas Militares pertenecientes a la VI Brigada. Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego realizado a menos de 60 centímetros. El Ejército y la Policía coparon y controlaron totalmente la región mediante la “Operación Pijao”. En: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/153-edicion-130/792-ahora-si-entiendo-por-que%E2%80%A6-oro-en-cajamarca-(tolima).html consultada el 05 de junio de 2009. (2) Para el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, Capítulo I DE LAS ÁREAS DE RESERVA FORESTAL, las zonas de Reserva Forestal son: Artículo 206: “Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. Y más adelante, el artículo 208 establece “La licencia –para actividades económicas dentro de una zona de reserva forestal- sólo se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta (sic) contra la conservación de recursos naturales renovables del área”. (3) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (4) Revista ambiental Catorce 6 Numero 11 abril-mayo de 2009. Minería de oro ¿un panorama opaco? Bogotá, Colombia. Página 15. (5) Ídem. (6) Prospección geológica a nivel regional; prospección geológica superficial a nivel detallado; realización de perforaciones para la toma de muestras a diferentes profundidades con una separación de 100 m. en las áreas de mayor interés y con separaciones de 200 a 400 metros entre pozo y pozo en áreas de menor interés; y la realización de perforaciones distanciadas cada 50 metros, para la obtención de muestras que se emplean en pruebas piloto de tipo metalúrgico. (7) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (8) Resolución 0814 del 04 de mayo de 2009. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. "9. Consideraciones". Página 25. (9) Los pastos y rastrojos poseen gran importancia pues tienen funciones de aireación y fertilización del suelo y el porte de bacterias necesarias para la asimilación de minerales por las plantas. Es decir, son un recurso fundamental para la fertilidad del suelo, lo que a su vez, evita la erosión. Otros estudios demuestran que hasta el 60% de los nutrientes absorbidos por las plantas quedan en la biomasa de rastrojos. (10) Revista Semana 04 de Junio de 2009. En: http://www.semana.com/noticias-medio-ambiente/debate-efectos-mina-oro-tolima/124727.aspx (11) Revista ambiental Catorce 6. Op. Cit. Página 15



Tomado de: Censat Agua viva

(http://www.censat.org/noticias/2009/6/9/Exploracion-en-La-Colosa-entre-ingenuidades-e-insinuaciones/)

Colombia, único país sin firmar acuerdo para conservar el atún. Pablo Correa

Colombia decidió nadar a contracorriente en la Comisión Interamericana del Atún Tropical, organismo que reúne a los 16 países que cuentan con flotas pesqueras de atún y otras especies en el Pacífico Oriental. Así lo han advertido las organizaciones ambientales WWF, Conservación Internacional, la Fundación Malpelo y la Fundación MarViva.

El pasado 12 de junio, en la reunión que se llevó a cabo en La Jolla (California, EU), la delegación colombiana fue la única que se negó a firmar un histórico acuerdo que permitirá implementar medidas urgentes para evitar que las poblaciones de atún sigan descendiendo y lleguen a un punto crítico.

Atendiendo el llamado de científicos sobre el riesgo de desaparecer que corren especies como el atún patudo y el atún aleta amarilla, todos los países de la Comisión, salvo Colombia, coincidieron en la importancia de pactar una veda anual para los años 2009, 2010 y 2011 de 59, 62 y 73 días respectivamente.

“Es el tipo de respiro que necesitan estas poblaciones para recuperarse”, recalcó Carlos Drews, coordinador regional del Programa Marino y de Especies para América Latina y el Caribe de WWF.

El atún es de lejos la especie más codiciada por la pesquería industrial y por supuesto por los comensales. En 2007, según cifras de la Corporación Colombia Internacional que maneja el Sistema de Información Sectorial Pesquera y Acuícola, las exportaciones de atún representaron un total de US$61.743.880, es decir, el 37% del sector. En volumen, los atunes y crustáceos aportan el 88% del total de las exportaciones (el 66% corresponde a atún con 42.631 toneladas).

Si bien es cierto que cualquier medida de conservación tiene un costo, los 15 países firmantes comprendieron que es la única salida para que en el mediano y largo plazo el negocio del atún sea sostenible.

Según Carlos Drews, por tratarse de un recurso compartido, ya que las poblaciones de atún viajan grandes distancias oceánicas, la única salida viable para su conservación es un acuerdo multilateral de veda. Si un país se niega a firmar el acuerdo, pone en peligro el compromiso de todos.

Las vedas de atún se han convertido en delicado y polémico tema en todo el mundo. En Europa, organizaciones de consumidores han amenazado con boicotear a supermercados y restaurantes que ofrezcan platillos con especies de atún amenazadas. De hecho, la International Seafood Sustainability Foundation, un organismo que agrupa a comercializadores de productos de mar ha advertido que dejará de comprar atún a los países que no se comprometan con las vedas.

El Espectador intentó conocer la opinión de Carlos Robles, uno de los delegados del gobierno ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical pero no fue posible. Tampoco quiso pronunciarse la Cámara de la Industria Pesquera de la Andi, que representa al sector.

Un experto en el sector pesquero explicó que Colombia no está de acuerdo con la resolución porque no se regula la pesca con dispositivos electrónicos agregadores de peces, técnica considerada la más depredadora. También cree que una veda escalonada (veda por barcos) permitiría controlar el problema ambiental sin afectar a una industria que ofrece empleo directo a 6.000 personas en el país.

El plazo para que Colombia objete o ratifique la resolución es el 15 de julio.

Amazonía peruana: guerra por los recursos y contra las drogas

Ricardo Soberón Garrido.
22 June 2009

En la Amazonía peruana, el Estado libra dos guerras contradictorias aunque en paralelo. La guerra contra las drogas, que pretende terminar con el uso de sustancias psicoactivas en el mundo a través de la desaparición de plantas como la coca y la cannabis, y la guerra por los recursos naturales, que pretende reordenar el territorio amazónico a voluntad de empresas, conglomerados y megaproyectos. El reciente enfrentamiento entre policías e indígenas awajún en el Perú, que costó la vida de 34 personas, guarda relación con las marchas cocaleras en Colombia (1996), las del Perú (2004) y las del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Todas estas movilizaciones sociales son la prueba evidente de la confrontación de dos modelos de vida y desarrollo: uno es el que pregona el denominado ‘Consenso de Washington’, basado en el neoliberalismo salvaje, la extracción indiscriminada de recursos no renovables y el consumismo extremos; el otro está basado en el respeto a los pueblos originarios, los ecosistemas biodiversos como el amazónico y la vigencia de los derechos colectivos

Tormenta en un vaso de agua

MINERÍAEn el debate sobre la exploración de La Colosa, la posible gran mina de oro de Tolima, hay mucho ruido y pocas nueces. ¿Quién tiene la razón?
Sábado 9 Mayo 2009

En diciembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe anunció una de las minas de oro con mejor prospectiva del mundo, ubicada en el municipio de Cajamarca, en Tolima. El proyecto fue calificado como una de las 10 minas más grandes del planeta. Desde entonces, ni los habitantes de la región ni los empresarios que promueven el proyecto han tenido un día de paz. Esta semana el debate se volvió a calentar, pues el Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la multinacional Anglo Gold Ashanti para iniciar la exploración.

No es un tema en blanco y negro. Primero, no es cierto que la explotación del oro va a empezar la próxima semana, como han dicho algunos, ni siquiera en los siguientes dos años, y el impacto de una eventual intervención en la zona no se puede medir aún. Anglo Gold Ashanti va a "explorar", que es la etapa previa a la "extracción del oro".

El problema es que va a explorar en una Zona de Reserva Forestal, que es una figura jurídica creada en 1959 y que buscaba "el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre". Por eso solicitó sustraer de la reserva 500 hectáreas. El ministro del Medio Ambiente, Carlos Costa, explicó que las Reservas Forestales no son áreas protegidas, como los Parques Naturales, y por eso la sustracción está incluida en el marco regulatorio: han sido sustraídas 14 millones de hectáreas en los últimos 50 años.

La semana pasada, luego de más de un año de análisis, el Ministerio del Medio Ambiente autorizó sustraer 6,39 hectáreas (ni siquiera el 1,3 por ciento del área solicitada), donde la compañía podrá explorar (mas no extraer) y con restricciones, como la de no intervenir ninguna zona 100 metros a la redonda de nacederos o corrientes de agua.

AMBIENTE-COLOMBIA: Depredadora extracción carbonífera Por Helda Martínez Crédito: Gloria Umaña

SUESCA, Colombia, may (IPS) - La movilización de campesinos y vecinos del caserío colombiano de Cuayá no ha logrado hasta ahora detener la extracción sin control de carbón en la zona, con consecuencias ambientales nefastas en el pre-páramo y en la laguna de Suesca, situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar.

"Hace poco más de tres décadas la Gran Laguna de Suesca tenía unos 14 kilómetros de diámetro, pero ahora sólo tiene como tres", dijo a IPS Vicente Castillo, un agricultor del lugar y testigo durante sus 53 años de vida del deterioro ambiental por la actividad extractiva.

"La minería acaba con los nacimientos, seca las quebradas y se produce la erosión que termina con el monte nativo", explica Castillo, quien describe que muchos de los caminos rurales de hoy fueron antes ríos y quebradas, que se reconocen por el color y el tamaño de las piedras. Recuerda algunos y también cómo se secaron.

Por eso la comunidad ha querido detener la explotación de la mina La Esperanza de la que se ha extraído carbón de manera intermitente desde 2002 y que ha recobrado actividad a mediados de 2008.

"refugiado ambiental"

La tragedia del "refugiado ambiental"

El estudio busca una nueva definición de refugiados.
Un estudio de la Universidad de Naciones Unidas (ONU) estima que dentro de cinco años habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, pero no huyendo de la violencia o extremas condiciones de pobreza, sino del deterioro del medio ambiente.

"En las áreas rurales más pobres, el aumento de los espacios áridos y la erosión de la tierra suelen ser las principales causas para que los habitantes busquen otros espacios", indicó Janos Bogardi, director del Instituto para el Ambiente y la Seguridad Humana del centro académico de la ONU.

"Esto se debe al uso poco sustentable de la tierra y su interacción con el cambio climático, lo cual se ve amplificado por el crecimiento poblacional", agregó.

De acuerdo a Bogardi, "otro factor a tomar en cuenta son las inundaciones, que son provocadas por crecientes niveles de dióxido de carbono en la atmósfera más allá de las fluctuaciones naturales que ya existen".

La difusión de este informe se produce en el marco del Día de la Reducción de Desastres.

un rostro colombiano mas, que se desdibuja en el olvido

qué triste, rostros anónimos como los de Pablo Emiro González Monsalve, son aquellos rostros que a diario perdemos en nuestro país, bien sea a manos de AGUILAS NEGRAS, MILITARES, PARAMILITARES, GUERRILLA, y para los cuales ya ni siquiera por dolor de patria sentimos indignación y repudio; los rostros de los muchos Pablo Emiros que a diario se desdibujan de nuestra memoria gracias a nuestra indolencia y adormecimiento, reflejan lo injusto que es nuestro país para con los menos favorecidos, que son más. Injusto porque no hay un estado para todos, sino para unos pocos que proteja la sociedad, y eso que vivimos en el país de la seguridad democrática; injusto porque recordamos los rostros lindos y a la gente divinamente, a los cuales amamos, endiosamos y nunca olvidaremos como los detestables de J Mario, Carolina Cruz, Viña Machado… cuando estos lindos piensan en la mejor técnica para aplicarse un abdoplan; injusto porque no interiorizamos nuestros problemas para afrontarlos, sino que los negamos dividiéndolos entre izquierda y derecha, o con afirmaciones como que somos el país más feliz del mundo, si si si, que país tan feliz este y justo, el de mayor desempleo en América latina, el más violento, el más irrespetuoso con las libertades individuales, el más más más… injusto.

charla de buseta

Hace un par de días iba en la ruta de bus interveredal la Siria, entre Montenegro y Circasia Quindío, que transportaba gran cantidad de campesinos y pobladores urbanos de estos municipios; en la silla trasera donde me encontraba, llamó mi atención el entusiasmo del dialogo entre dos muchachas sobre el futuro. Una de las muchachas, como evocando un sueño decía: - quiero estudiar derecho o ingeniería-; mientras, la otra se carcajeó y le dijo con ese tonito destemplaito de la zona: - usted es muy bruta, yo creo que usted no puede-. Y la otra consciente de lo que decía su compañera de charla, firmemente contesto - si yo sé, por eso me voy a meter a la policía-.
Esto me dejo pensando que la gente en este país tiene la ilusión de estudiar para surgir dentro del sueño idealizado del éxito en términos económicos, pues este asegura la papita primordialmente y los lujillos según las ambiciones personales, pero la gente al percatarse de sus escasas bases educativas y económicas,,… que limitan cualquier posibilidad, deben entonces optar por lo que más rápidamente le pueda generar ingresos productivos. De esta necesidad son consientes tanto el gobierno, como la guerrilla y los paras, que buscan en la necesidad y los sueños de las personas lo único de valor que poseen: su vida, algo así como un camicace a favor de una pelea que en últimas ni entienden por unos cuantos pesos que creen vale tal tesoro, la gente solo maneja la lógica que si el pecho da dinerito pa la casita, pal seguro…no importa. El problema es que una vez la gente se arma, es como si negara la capacidad ética de no abusar del poder en contra de las personas, pues como no lo entienden no lo dimensionan, o si lo entienden es para quedárselo solo unos cuantos, que son los que construyen manipuladamente su ejercito. No es difícil ver que a la gente de limitadas condiciones, que son la mayoría en Colombia, se les está ofreciendo por diferentes frentes unirse con un sector armado que nos está conduciendo a un Estado de Brutalidad.
Nota. Espero que entre líneas quede claro que, para mí las fuerzas armadas de Colombia son lo mismo que cualquier ampón de la guerrilla o paramilitar, pues ¿qué tipo de fuerzas armadas tenemos que mata ciudadanos inocentes?, ah! Aunque seguro habrá uno que otro medianamente consecuente.