razonamiento uribista

cuando iba esta mañana en el bus, la radio que sonaba era la de Dario Arizmendi en su caracol basica (basica pues no es muy profunda en añalisis, contenido..... salvo la respetada Judith)en la cual este sonrriente y falso personajillo comenzó a leer correos de los oyentes que estaban indignados por lo de los muchachos de Soacha. Leyó este tipejo el primer correo, y era el de una señora que decia algo así como: "porfavor no limiten las circunstancias, diganle a la gente que este caso no solo sucede en Soacha, sino tambien en otras zonas del pais como en Santander". cuando el tipejo Arizmendi iba a continuar la lectura el señor conductor del bus dijo en voz alta "ahh! otra vez van a hablar mal del presidente" y apago la radio. un señor que iba delante mio afirmo con la cabeza la accion del conductor del bus, a mi me dio piedra y dije en voz alta pero mirando hacia la ventana"no les gusta gusta escuchar la verdad o que", y escondi mi cara como haciendo que buscaba algo antes de ser identificado(a), temiendo correr la misma suerte de los muchachos de Soacha y Snatander.

comentario callejero del dia

hoy mientras me tomaba un tinto, le escuche a un señor con voz de acongojado que "con Pastrana se fortalecieron los narco-paracos y con Uribe se tomaron el poder". sin embargo al señor le falto mencionar el nacimiento

INFAMIA DE ESTADO

Hoy la infamia generada desde el Estado se ha tomado a Colombia, y un claro ejemplo de ello y tal vez el más sonado, no porque los medios lo hagan generalmente, han sido las constantes agresiones de de la FUERZA PÍBLICA contra nuestros compatriotas indígenas. Es rescatable la información que han proporcionado algunos medios sobre estos acontecimientos (menos RCN y el tiempo)y la gente -que no pertenece a un leal 16%- ya empieza a intuir la infamia, aunque y lastimosamente, aún ésta no relaciona los otros tipos de infamia que genera el Estado, y lo que está sucediendo con los indígenas solo es una parte de las que hoy se cometen en Colombia.
El Estado es infame porque nos ha querido atemorizar, fragmentar y dividir.
Quiere hacer ver las posturas que no estén acordes o represente sus intereses, como algo en contravía de la Patria y que por tanto hay que eliminar y señalar sin lugar a discusión; hoy por hoy ese miedo a ser eliminado por no aceptar ciegamente los dictámenes de la Patria terminó en el hábito de señalar, de señalarnos atemorizados entre nosotros como: ese sindicalista, ese indio, ese negro, ese estudiante encapuchado, ese, ese, ese … que apoya paros y por todo protesta. Gracias al Estado nos señalamos entre ciudadanos, nos da miedo cuestionarnos cosas tan elementales como ¿por qué la gente protesta? ¿a caso no protesta porque algo no gusta?, acaso poder protestar no es algo permitido en un Estado de Derecho, en una Democracia, en un país Libre?
El estado infame porque no respeta a su opositor. Es tan obvio que ya se olvidó, en Colombia el Estado eliminó a la Unión Patriótica y hoy quieren hacer lo mismo con el Polo Democrático.
El estado es infame porque no respeta los derechos constitucionales de su población.
Es infame porque no hace respetar los derechos constitucionales de la población por el contrario los vende; la salud, la educación y el trabajo, los privatizó y ajusto en un mercado voraz, ferió nuestros derechos al mejor postor, dejando por fuera a los más indefensos y empezó a sacar a otros. Hoy la universidad pública esta sitiada, los hospitales públicos a punto de desaparecer, el trabajo es ya una ilusión…. el estado nos desamparó nos despojo del bienestar.
El Estado es infame porque esta feriando nuestro capital Social, Natural, Económico, etc.
El Estado deja saquear cantidades infinitas de oro en el Chocó, carbón en la Guajira, petróleo en Arauca, etc. Ha desprotegido las condiciones laborales entregando a los trabajadores a la devaluación de su mano de obra, feriándolos a precio de huevo en el mercado, sin que veamos el producto de todas nuestras riquezas y que por el contrario si se ven en las empresas privada.
el Estado es infame porque mata sus ciudadanos en colaboración de grupos armados. el esatdo dejo el dominio territorial a unos pocos permitiendo la concentración de la tierra y la expulsión de población.
El Estado es infame porque dejo de ser Estado.

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Un País para Todos. Roberto Sansón Mizrahi

En una democracia coexisten partidos de gobierno y partidos de oposición. Los roles que juegan cada uno son diferentes pero complementarios: unos gobiernan y gestionan mientras que la oposición monitorea, controla, propone alternativas y, en ciertos casos, participa en alguna medida de un co-gobierno. Con el paso del tiempo y el cambio de circunstancias quienes hoy gobiernan pueden mañana ser oposición, así como quienes hoy son oposición pueden en el futuro asumir funciones plenas de gobierno. De primar una voluntad constructiva los roles complementarios entre gobierno y oposición no hacen sino reforzar la gobernabilidad democrática mejorando la calidad de políticas y prestaciones que regulan la marcha de un país o localidad. En cambio, si esa voluntad constructiva no existiese, una permanente confrontación enervará, desviará o esterilizará buena parte de la energía social del país o la localidad. Lo que está en juego cuando se trata de encauzar una buena relación entre gobierno y oposición no es tan sólo la suerte electoral de cada quien –como puede ser la visión prevaleciente en ciertos políticos de mente estrecha- sino, mucho más importante, el bienestar y el desarrollo de la sociedad en la que esas fuerzas políticas se desenvuelven.

La interacción entre gobierno y oposición se da en un trasfondo competitivo muy complejo que generalmente mantiene tensas las relaciones entre las partes. Es que quienes gobiernan buscan mantenerse en el poder y quienes son oposición buscan reemplazarlos en el gobierno. Lo que a veces no se aprecia debidamente es que el país necesita la energía y las perspectivas de la oposición para fortalecer un desarrollo justo y vigoroso, y que ese mismo país requiere asegurar condiciones para que quienes gobiernan puedan gestionar para beneficio de todos. El gobierno que contase con la colaboración crítica de la oposición tendrá mejores perspectivas para lograr satisfacer las aspiraciones de la población. Por su parte la oposición que lograse afianzarse ofreciendo una colaboración crítica al gobierno de turno verá reforzada su credibilidad y, si llegase más adelante a constituirse como nuevo gobierno, encontrará mejores condiciones de contexto para conducir su gestión.

Fuerzas políticas que no promoviesen una formación responsable de sus cuadros y que creyesen que sus opciones son muy limitadas podrían tentarse a funcionar en base al petardismo, a denuncias interesadas y no bien sustentadas, abusando del oportunismo para colgarse de cualquier situación inesperada o desfavorable buscando por todos los medios llevar agua para su molino sin considerar el impacto que su accionar pudiera estar causando al país o a la localidad.

En verdad, en ambos lados –oposición y gobierno- se encuentra todo tipo de personas y de actitudes: los hay honestos y los hay corruptos; estadistas de visión larga y políticos cortoplacistas; aquellos que ofrecen colaboración estratégica focalizada en el bienestar general junto con quienes tan solo buscan sus propios espacios de poder. El desafío es operar en ese heterogéneo mar de actores y procesos de modo de lograr colaboración constructiva entre representantes de intereses y valores muy diversos.; ver cómo sumar las energías del gobierno y de la oposición para bien del conjunto sin anular sino preservando legítimas diferencias. Algo así como trabajar la unidad nacional a partir de la diversidad de sus partes componentes.

Colaboración en un contexto de eventual alternancia

La alternancia en el gobierno es una posibilidad prevista constitucionalmente en las democracias aunque todo partido político tiene una vocación natural de permanencia en los espacios de poder que ocupa. En última instancia son los electores quienes deciden una eventual alternancia pero está claro que ninguna fuerza política la promueve de por sí sino que procura permanecer indefinidamente en los niveles de gobierno a que hubiere accedido. De ahí que la dialéctica de relacionamiento entre partidos de oposición y de gobierno, más allá de ciertas reglas de convivencia que la democracia impone, lleva casi naturalmente a diferir sobre políticas de gobierno y, en más casos que los que sería saludable, a antagonizar. Es que el cálculo electoral está siempre presente y muchas veces sesga opiniones y angosta los espacios y oportunidades de colaboración. Esto se agrava cuando median actitudes oportunistas: basta que una de las partes busque aprovecharse de su poder relativo para que las otras se vean forzadas a reaccionar, sea defensivamente por instinto de conservación, sea contra-atacando por revanchismo o para reconquistar espacios perdidos o amenazados.

Con esta dinámica de relacionamiento oportunista entre oposición y gobierno están dadas las condiciones para avanzar (o retroceder) a través de una trayectoria inacabable de subóptimos sociales: en lugar de lo que podría lograrse de concertar esfuerzos, talentos, perspectivas diferentes, se cae en antagonismos que esterilizan ingentes esfuerzos organizativos y que traban o descarrilan iniciativas que, de otro modo, podrían aportar al bienestar del conjunto social.

Queda dicho que la mezquindad de ciertos espíritus tiende a ser contagiosa y si no se la enfrenta y supera con determinación y altruismo puede hacerse común denominador de todas las fuerzas políticas.

Partidos políticos, prebendas y privilegios

Es un hecho que en un mismo escenario histórico existe una diversidad de estructuras y movimientos políticos que pugnan por obtener cuotas de poder. Esas cuotas de poder constituyen un permanente desafío para quienes dirigen los partidos o las agrupaciones políticas porque el poder engendra oportunidades de acceder a prebendas o privilegios, sean para sí o para sus seguidores.

En ciertos países los partidos políticos adoptan o toleran sistemas de corrupción organizada para proveerse del financiamiento necesario que les permita seguir desarrollando su trabajo político mientras gobiernan (pero también cuando no son gobierno pero detentan cuotas de poder). Los partidos se apropian ilegítimamente de recursos para financiar a sus directivos y a los cuadros que les son afines. Esos recursos pueden ser públicos (como son el desvío de partidas presupuestarias hacia su propio espacio político, asignación discrecional de cargos públicos para sus partidarios, otorgamiento de subsidios, prebendas o privilegios para quienes los financian, etc.) o privados (estos últimos expresados en coimas, obsequios o aportaciones financieras muy vinculados al otorgamiento de privilegios especiales, a políticas públicas que los favorecen, o a obtener contratos públicos a través de la manipulación de licitaciones, entre muchas otras modalidades).

Cuando no está resuelto un sistema legítimo y transparente de financiamiento de los partidos políticos (un tema muy espinoso y controversial en todas las democracias), se generan condiciones para que las conductas transgresoras o delictivas prevalezcan y la corrupción se extienda como una mancha generalizada en todo el espectro del arco político. Cuando se avanza por el camino de la apropiación de recursos públicos o privados para fines políticos y personales se abre una avenida de abusos y un modus operandi muy difícil de contener y más aún de eliminar.

Es que sin financiamiento adecuado se hace muy difícil competir con aquellos partidos inescrupulosos que acuden a todo tipo de medios para proveerse de los recursos que les permitan mantener casi indefinidamente sus cuotas de poder. Surgen y se consolidan cacicazgos nacionales (como terminan siendo algunos líderes sindicales, de asociaciones empresariales, de movimientos territoriales, de agrupaciones políticas), así como un aguerrido nivel de caudillos locales; de modo que si, por ejemplo, el partido al que pertenecen o con quien tienen acuerdos o entendimientos perdiese importancia o desapareciese, esos caciques y caudillos procuran migrar con sus “activos de prebendas y privilegios”, algunos abiertamente delictivos, a otras tiendas políticas ávidas de esas bases de militantes y del financiamiento que disponen.

Importantes segmentos de la “clase política” tienden a esconder o tapar estas situaciones sabiendo que todos ellos beben de esas mismas fuentes de recursos. Se establecen así códigos de silencio entre partidos y agrupaciones que son muy difíciles de desmontar. La amenaza de ajuste de cuentas para quienes violen esos códigos está siempre presente y, cuando resulta necesario, se materializa en contra-denuncias, acorralamiento, marginación, ostracismo o eliminación directa del díscolo u honesto.

Como la corrupción se hace obviamente escondiendo evidencias y dándole un formato legal lo más acabado posible, resulta difícil de combatirla a través de la justicia que exige pruebas, evidencias y férreos procedimientos procesales, muchas veces imposibles de obtener o de seguir. Es así frecuente que quien denuncia actos de corrupción sin el debido asesoramiento termine enjuiciado por difamación y otras causales cargando sobre sí el peso de la ley que en verdad debiera recaer sobre los corruptos que cuentan con el poder y los medios para asegurarse impunidad.

Cuando la corrupción está generalizada y se torna sistémica se contaminan todos los procesos políticos porque las alianzas y los acuerdos se transforman en un mercado de reparto de prebendas y de intercambio de áreas de extracción de recursos públicos o privados. Esto para mí, esto para ti, y esto para aquel. Son como cotos de caza que se reparten quienes detentan cuotas de poder (sea que estén en el gobierno o en la oposición) para provecho personal y de quienes los siguen.

Es obvio que esto sesga tanto la forma de gobernar como el sistema de asignación de recursos. No sólo se dan deplorables ejemplos de corruptos enriquecidos con impunidad y se incurre en gruesos costos totalmente evitables, sino que se priorizan aquellas obras, servicios o emprendimientos que permiten extraer con mayor facilidad las prebendas o coimas en lugar de otros, probablemente más necesarios y estratégicos, pero que no facilitan o no son funcionales a esa ilegítima apropiación de recursos.

Cuando esto sucede se desnaturalizan los llamados a la colaboración política porque cualquier “colaboración” se desvirtúa y pierde sentido cuando se trata simplemente de comprar aquiescencia, silencio o complicidad.

Lo más grave es cuando esta situación cristaliza como cultura política prevaleciente y casi todos los actores políticos la aceptan como parte normal de las reglas de juego. En esas condiciones quien no se haga parte del sistema de prebendas y privilegios estará en serias dificultades, navegando en soledad y enfrentando por su cuenta muy fuertes y adversas corrientes.

Algunos políticos avezados suelen tolerar ciertos espacios de corrupción aunque ellos no lucren personalmente con ellos. Su argumentación es que compran “paz social” cooptando con prebendas a dirigentes políticos, sindicales o territoriales capaces de controlar bases que, de otro modo, podrían causar turbulencias indeseadas. Su apuesta es que haciendo esas concesiones logran ensanchar los espacios mínimos que necesitan para poder gobernar. Solo que al tolerar corrupción y prebendas posibilitan la reproducción de focos infecciosos que suelen después desbordar los espacios en que se desarrollaron originalmente proyectándose destructivamente sobre otras dimensiones del cuerpo social.

Por cierto que estas actitudes de tolerar una corrupción supuestamente limitada para lograr mayores grados de gobernabilidad es cuando menos controversial. Quienes las practican afirman que sin esa “flexibilidad” los políticos honestos terminan como perdedores sin poder ejercer su voluntad de transformar el sistema perverso del que, con mayor o menor conciencia, hacen parte.

Senderos de colaboración en medio de la heterogeneidad de fuerzas y actores

La oposición no suele ser un universo homogéneo ya que en su seno coexisten una diversidad de fuerzas y agrupaciones que representan una gran diversidad de intereses buscando cada una aportar sus propias opiniones y perspectivas. Las fuerzas políticas procuran influir sobre la agenda y la trayectoria de desarrollo del país o de la localidad calculando al mismo tiempo cómo generar o expandir sus propios espacios de poder. Se trata de controlar o cuando menos influir sobre diferentes resortes de poder, como son la designación de personal en cargos públicos, la administración de recursos y el dictado de regulaciones, permisos y prohibiciones en las jurisdicciones en las que se desenvuelven.

El partido de gobierno tampoco suele ser una fuerza política homogénea ya que dentro de sus filas se desarrolla una cantidad de corrientes y movimientos. Esta diversidad de fuerzas internas se tensa cuando se accede a crecientes espacios de poder ya que quien gobierna gestiona recursos públicos e influencias de mucha mayor envergadura que cuando se está en la oposición.

En las relaciones que se establecen entre gobierno y oposición hay legítimos momentos y espacios para diferir. A través del cruce de ideas y perspectivas es posible mejorar la gestión gubernamental y su impacto. Pero este objetivo se alcanza si efectivamente se lograse integrar en la gestión de gobierno las perspectivas y las sugerencias que pudieran consensuarse con la oposición. Esta síntesis constructiva podría al mismo tiempo fortalecer las propias plataformas y perspectivas de los partidos de oposición. En cambio, si se bloquease cualquier posibilidad de complementación constructiva entre gobierno y oposición, si no fuésemos capaces de producir ninguna síntesis superadora que mejorase los resultados de la gestión pública, estaríamos absurdamente derrochando uno de los recursos más valiosos que una sociedad dispone: su capacidad de realización.

¿Cómo entonces operar constructivamente en la dialéctica de sumar esfuerzos de organizaciones políticas que son adversarias, siempre atentas al cálculo electoral, y las necesidades del electorado (el conjunto de la población) que debiera tener mayor entidad y prevalencia que la pugna entre partidos? Esto es, ¿cómo lograr que partidos diversos colaboren sin que esa colaboración implique favorecer a unos sobre los otros?

De lo que se trata es de enrumbar la dinámica política de modo que el país funcione mejor y que su potencial pueda desplegarse a pleno. Y para que esto sea sustentable en el tiempo debiera darse de forma de fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

Hay un concepto que encapsula buena parte de los resultados que se esperan de una sana y constructiva competencia política. Ese concepto es el de políticas de estado; que son aquellas políticas que la mayoría de las fuerzas políticas de un país o de una localidad, especialmente aquellas con mayores probabilidades de acceder a funciones de gobierno, acuerdan en forma explícita llevar adelante más allá de las eventuales alternancias democráticas.

Cuando las principales fuerzan políticas llegan a acuerdos para elevar determinados temas o áreas de acción pública al nivel de política de estado lo que se está logrando es mayor previsibilidad para que los diferentes actores que participan de la realidad nacional o local puedan planificar a mediano y a largo plazo. Asegura también continuidad y persistencia en la consecución de objetivos que han sido consensuados, reduciendo el costo o el derroche que significan las constantes marchas y contramarchas.

Las políticas de estado cierran o cuando menos angostan los espacios para arbitrariedades y el otorgamiento de prebendas o injustos privilegios. En ese sentido le quitan también oxígeno a actos de corrupción encarando con mejores perspectivas la lucha por evitar la reproducción de los procesos más agravados de corrupción organizada.

En otras publicaciones de Opinión Sur hemos encarado este crítico tema de las políticas de estado abordando, entre otros, los siguientes aspectos: quiénes podrían liderar el proceso de adopción de las políticas de estado, cómo lograr su aprobación, los ajustes periódicos que es necesario introducir en ellas, cómo se las sostiene, las múltiples formas de desvirtuarlas[1].

Lo que debe quedar claro es que no hay soluciones mágicas para lograr y sostener una gobernabilidad democrática que sea honesta, efectiva y transparente. Desde ya que ningún piloto automático podrá reemplazar la actitud alerta y responsable de los ciudadanos. Pero al menos, cuando se dispone de políticas de estado, se cuenta con una referencia de mediano plazo para contrastar la acción de los gobiernos de turno y de esa forma obligarlos a rendir cuentas en función de esos acuerdos estratégicos de fondo.

El sostén último de las políticas de estado será siempre la voluntad popular con lo que, una vez más, se destaca en lo más alto de la agenda contemporánea la crítica importancia de generar desde el sistema educativo, los formadores de valores, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las propias familias, no sólo electores, consumidores o espectadores democráticos sino fundamentalmente ciudadanos plenos, responsables, activos, con conciencia crítica, espíritu generoso y actitud constructiva. Es en ese nivel íntimo de cada uno de nosotros donde se libra la más trascendente lucha por elevarnos en comprensión y significación. Y no por casualidad, más allá de cinismos o descreimientos, es allí donde anida la esperanza y la potencialidad transformadora.


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[1] Un País para Todos, libro de la Colección Opinión Sur, autor Roberto Sansón Mizrahi, Editorial Del Umbral, junio 2006, páginas 169 a 183.


http://www.jornada.unam.mx/2007/05/13/index.php?section=politica&article=018a2pol
http://www.anarkismo.net/article/9522
http://colombia.indymedia.org/news/2008/08/90998.php

CONTRA EL OLVIDO

Por Jesús Abad Colorado L.

Durante los últimos quince años de mi experiencia vital, dos cosas nunca han dejado de estar ante mis ojos: una cámara fotográfica y los rostros de hombres y mujeres que viven en medio del conflicto armado que sacude a Colombia hace ya más de cuatro décadas. Ese recorrido me ha permitido estar, como testigo de excepción, en cientos de lugares y momentos en los que la guerra deja su huella. Poblados humeantes y abandonados; comunidades enteras condenadas a dejar atrás sus casas, sus sembrados y sus animales; campesinos mutilados por las minas antipersonales; familias que preguntan por sus parientes secuestrados y desaparecidos; otras que lloran a sus muertos acompañados por la multitud, o lo hacen rodeadas sólo por el monte y la selva; cientos de niños que no entienden lo que ocurre y que marchan aferrados a cerdos, perros y gallinas, defendiendo el último recuerdo de las parcelas y los hogares que abandonan, muchas veces para siempre.

Líderes comunitarios o indígenas, sindicalistas y maestros reseñados por las autoridades como «subversivos y terroristas», exhibidos con grilletes y afán de resultados ante la prensa y puestos en libertad por la justicia meses más tarde, pero condenados al señalamiento, a la muerte o al exilio.

Ese contacto con tantas personas golpeadas por las acciones militares de la guerra interna, esa cercanía con una desgracia que se ahoga en la indiferencia y la lejanía de las ciudades despertó en mí, muy temprano, la inquietud y la necesidad de registrar cada episodio de aquel dolor, para sumarlo a un documento más panorámico e integral sobre la historia reciente del conflicto armado colombiano. No dejaba de pensar que esas imágenes, hechas en medio de la tensión y la urgencia con que un fotoperiodista llega a cada escenario de guerra, podrían, al pasar el tiempo, verse con más calma y respeto, así como con el interés de incorporarlas a una historia con mayor reflexión y desde la memoria de las víctimas. Ese documento, decía yo, sería una manera de luchar contra la desmemoria que cubría a los muertos, los desplazados, las viudas, los huérfanos y aquellos territorios arrebatados por la guerra y sus instigadores, y debía ser desde el periodismo, mi trabajo contra el olvido.

Esas imágenes que he tomado durante años, y que no se me borran de la mente, se han convertido en un reconocimiento a quienes sufren, tantas veces impotentes y silenciados, los desmanes de este largo conflicto. Pero también está mi mirada a quienes portan armas y usan uniformes de combate. Muchachos, en su mayoría de origen campesino y otros tantos reclutados en los barrios pobres de las ciudades, haciendo la guerra, sufriendo la guerra y matándose día tras día con otros iguales que ellos. Jóvenes que mueren sin conocer el trasfondo de la confrontación y donde sólo sobreviven la armas, empuñadas luego por otros que los remplazan en las filas.

Tal vez ningún evento sea tan revelador de la condición humana como la guerra. Aunque su destrucción es la antiestética por excelencia, aquellos hombres y mujeres que le sobreviven, sus pertenencias, sus historias colectivas e individuales, son la personificación de la solidaridad y el amor, de la dignidad y la resistencia contra la testarudez y la impiedad de los verdugos y los corruptos. Ellos, los sobrevivientes, los que resisten y lo que les queda, son la estética y la vida en medio del dolor. Ellos y sus expresiones son los que he captado con mis ojos, con mi corazón y alma y los que en cada charla y exposición pretendo convertir en una historia, donde la reflexión por la dignidad y la justicia sea motivo para que muchas más personas digan nunca más a cualquier tipo de guerra o violencia.
Con el paso de los años, estas imágenes de los silenciados se han convertido en un grito contra el olvido y la barbarie, contra el silencio y la impunidad de todos los actores armados y políticos, y deben sacudir la conciencia para que no haya más víctimas. La dignidad y la resistencia de los olvidados reclaman la solidaridad y el compromiso con la verdad. Cada guerra, en cualquier lugar del mundo, es una derrota para todos, no importa si los que sufren están en África o en el Medio Oriente. Yo trabajo en Colombia, donde aprendí con mis padres y maestros que la democracia y el ejercicio del periodismo son un compromiso ético con la vida.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), febrero del 2005 y febrero del 2007
En dos veredas asesinaron a ocho personas. Entre las víctimas estaba Luis Eduardo Guerra, líder y fundador de esta comunidad creada en 1997 (ver última entrevista con Luis Eduardo Guerra en revista Número, edición 44). Junto a Luis Eduardo quedaron los cuerpos de su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deiner Guerra, de once años. El cráneo de Deiner estaba a pocos metros de su padre, junto al río Mulatos. A los otros cinco campesinos los hallaron a media hora de camino, en la vereda La Resbalosa, en una fosa común, en la cacaotera de la finca de Alfonso Bolívar y su esposa Sandra Muñoz, a quienes mataron con sus hijos Santiago de veinte meses y Natalia de seis años. También se hallaba el cuerpo de Alejandro Pérez, quien trabajaba con Alfonso en la recolección de cacao. Las pocas familias que habitaban en estas ricas montañas, en límites de Antioquia y Córdoba, se desplazaron en un nuevo y repetido éxodo que siempre ha buscado desalojar a los antiguos propietarios de esta tierra.

Los miembros de la Comunidad de Paz culparon al ejército nacional y a grupos paramilitares de esta acción de barbarie. Las fuerzas armadas negaron reiteradamente su presencia en el sector, pero sus movimientos fueron evidentes entre los campesinos que denunciaron los hechos. En febrero de 2007 y tras dos años de la masacre, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a indagatoria a 69 militares de la Compañía Alacrán de la Brigada XVII, con sede en Urabá, para rendir declaraciones en relación con este hecho.

Esta Comunidad de Paz surgió como propuesta de vida ante el acoso guerrillero en sus veredas y la arremetida paramilitar en la región bananera de Urabá, que ha buscado acabar con esta población, acusándola de simpatizante y colaboradora de la guerrilla, para anexar su territorio al proyecto contrainsurgente que ha prosperado en la zona.
La persistencia y valentía en su proyecto pacífico, distante de todo actor armado, les ha costado la vida a cerca de 160 personas en una década. Sus denuncias señalan que una veintena de asesinatos fueron cometidos por la guerrilla de las Farc y los restantes (140) a manos de paramilitares, en algunos casos en complicidad con miembros de organismos de seguridad del Estado; así ha quedado planteado en sus comunicados permanentes a las autoridades colombianas y a organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.

ntre mayo y julio de 2007, mataron a dos nuevos integrantes de la comunidad: Francisco Puerta, baleado el 14 de mayo frente a la terminal de transportes de Apartadó, y Dairo Torres, bajado de un bus el 13 de julio por hombres armados en la vía que lleva a San José, muy cerca del casco urbano. Estas últimas acciones han sido precedidas de amenazas constantes de personas civiles y armadas contra los pobladores de la comunidad, tanto en la carretera como en Apartadó, que dicen pertenecer al grupo paramilitar Águilas Negras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha pedido a las autoridades colombianas que tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz, pero éstas no parecen interesadas en hacerlo.

Vereda El Barro, Alto de Mulatos en San José de Apartadó
Duaira tiene escasos nueve años, vive a ocho horas a lomo de mula del pueblo más cercano y su casa de tablones de madera, en la serranía de Abibe, está rodeada de bosques y ubicada entre las montañas que separan a Antioquia y Córdoba. A pesar de su corta edad, ya ha vivido cuatro desplazamientos. Hoy, 27 de febrero de 2005, se prepara para el quinto destierro.

Duaira todavía no ha ido a la escuela, pues la más cercana fue cerrada desde hace varios años por el conflicto armado. Duaira distingue los tonos verdes de los árboles y ha visto el vuelo de pájaros y mariposas multicolores. Todavía se emociona con la agilidad de las iguanas y los micos. Y conoce detalladamente las gallinas, patos y cerdos que ha criado con sus hermanas y su madre, y les tiene nombre hasta a las vacas. La madre de Duaira es familiar de Luis Eduardo Guerra y desde el día de la ejecución del líder y de su familia, están retenidos en su propia casa por el ejército, pues los acusan de ser colaboradores de la guerrilla.

La decisión sobre el nuevo éxodo está tomada. La madre de Duaira no duda cuando escucha el relato de los dos niños que asesinaron y mutilaron y arrojaron con sus padres en una fosa cerca de La Resbalosa. La mujer contiene las lágrimas y su voz se quiebra cuando ordena a las niñas recoger la ropa para la nueva marcha. Duaira se acerca a su madre y le pregunta que si puede llevarse la niña y su madre dice que no pueden cargarla, pues es muy largo el camino que les espera. Cuando pregunto qué otra niña hay en esta casa, que no la veo, Duaira corre hasta un pequeño cuarto frente a la cocina y abre la puerta: allí está «la niña». Es una marrana pequeña con manchas, que Duaira carga con ternura como su muñeca.

Duaira parece un motor entre el barro y las lomas, no descansa y al contrario ayuda a otras personas. Incluso, por momentos, le lleva a una madre su bebé de pocos meses de nacida. El cansancio borra la noción del tiempo. Una de las mujeres que va en la fila me cuenta: «Soy nacida en esta zona. Hasta hace una década vivíamos unas doscientas familias en todo el cañón del Mulatos, con tiendas comunitarias, escuela, centro de salud, pero de eso ya no hay sino ruinas. Tanta incursión armada y las muertes de campesinos nos han ido sacando de nuestras tierras. Hace un año había cerca de noventa familias, pero después de una incursión del ejército y paramilitares sólo quedaron como dieciséis. Ahora, quién sabe cuántas van a quedar». Me siento en una acera de la población, sin alientos ni coraje de seguir viendo más. Los miembros de la Comunidad de Paz se concentran alrededor del salón comunal, donde están velando los cuerpos de Alfonso Bolívar Tuberquia y Sandra Muñoz, con sus hijos Santiago y Natalia, y también está el cadáver de Alejandro Pérez. La Comunidad de Paz y su consejo decidieron a esperar que estuvieran todos los cuerpos para hacer un sepelio colectivo.

Duaira es inagotable, como la esperanza de este pueblo. La miro sonreír mientras corre para no ser atrapada. Quiero hacerle otra foto, pero mis ojos se niegan. Prefiero observarla como a una mariposa en pleno vuelo. Quiero verla feliz otro día y otro año en su vereda. Quiero verla cargando a su «niña» y pidiéndole que por favor me enseñe los tonos verdes de los árboles y que corramos buscando lagartijas, pero muy especialmente, que me muestre uno de los secretos que conoce: el lugar donde nace y muere el arco iris de la serranía de Abibe.

Número 54, septiembre-octubre-noviembre de 2007

Masacres en Colombia: Revisión Histórica (II)

Las masacres antes y durante la 1ª Fase del Plan Colombia. Cuanto cinismo, en un comunicado del 04 diciembre de 2001, reproducido por los medios de comunicación con gran resonancia, los grupos paramilitares anunciaron que “no realizarán más masacres y que ahora sólo realizarán asesinatos selectivos de no más de 3 personas”. Fuerza Pública “travesti”. Y continúan los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y todas las demás violaciones que cometen los grupos paramilitares, a pesar de encontrarse en un mal llamado “proceso de paz” entre compadres y colegas.

Sin embargo, la orgía de sangre continuó contra el pueblo colombiano.

Masacres durante la administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) Reseñamos las siguientes masacres:

Tiquisio y Puerto Coca, Bolívar : En marzo de 1997, fuerzas combinadas del Ejército y paramilitares, compuesta por 200 hombres del Batallón Nariño y miembros de las ACCU, entró en Tiquisio y detuvo a los franciscanos, fray Bernardo Villegas y fray Diego García, a quienes informaron que los iban a matar, al igual que al padre Jesús Martínez. También detuvieron al médico Navarro Patrón y le dijeron que tenían orden de ejecutarlo. Villegas y Navarro Patrón pudieron salir con vida. La unidad se dirigió a Puerto Coca, en donde asesinó a 4 hombres y distribuyeron una lista negra con 34 nombres. Al salir de la zona, se llevaron 600 cabezas de ganado, motobombas de la comunidad, medicinas, dinero y lo saqueado del comercio local.

Mapiripán, Meta: El 14 de julio de 1997, los paramilitares de las AUC asesinaron a un número no determinado de personas acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. En esta masacre están implicados un Coronel del Ejército y el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, dos oficiales delejército, el Secretario de Gobierno del Guaviare, el Alcalde, el registrador municipal, el inspector de Policía y el personero del Municipio de Mapiripán. El proceso ha seguido un camino tortuoso y por decisión del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en manos de la justicia penal militar. Hoy el general Uscátegui amenaza con “abrir la boca” porque no se va a “dejar meter 40 años de cárcel, así que hagámosle pasito”, en un claro chantaje a sus superiores de entonces.

San José de Apartadó, Antioquia: Durante 1997 patrullas conjuntas del Ejército y los paramilitares se realizaban en este pueblo de 850 habitantes. Se instaló un retén paramilitar en febrero, a menos de dos kilómetros de la base militar, detuvieron requisaron y asesinaron a los viajeros de la zona, amenazando los soldados para que abandonaran las casas porque o si no “vendrían los mochacabezas a terminarlos”. El General Bonett Locarno respondió a la denuncia de los retenes de manera contundente:

“estos retenes no existen”. Sin embargo, el 29 de marzo de 1997, las ACU entraron al pueblo de Las Nieves y capturaron y ejecutaron al menos a cinco personas pertenecientes a una sola familia. La Décimo Séptima Brigada ha calificado a los muertos como guerrilleros caídos en combate.

Nudo de Paramillo, Antioquia: El 25 de octubre de 1997 tropas combinadas del Ejército y las ACU rodearon el pueblo del Aro y sus 2000 habitantes, como parte de una ofensiva regional contra las FARC, con el objetivo de hacer abandonar la región y “conquistarla”. El Ejército rodeaba el pueblo, los paramilitares penetraron en éste y masacraron a 4 personas en la plaza, permanecieron en él durante cinco días y ejecutaron al menos a 11 personas, entre ellos 3 niños, incendiaron 47 de las 68 casas, destruyeron tuberías del agua potable y obligaron a huir a la mayoría de la población. Se fueron el 30 de octubre, y las ACU se llevaron más de 1.000 cabezas de ganado, lo saqueado en las casas y el comercio. Al final se reportó la desaparición de 30 personas.

La expansión y consolidación de las actividades paramilitares se fue acelerando durante el gobierno del presidente Samper, pese a sus promesas de disolver tales grupos. Es más, no sólo no cumplió su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares sino que es indudable que ciertas decisiones políticas adoptadas durante su gobierno contribuyeron a la proliferación de estos grupos con el desarrollo del programa gubernamental para la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), mediante Decreto 0356 de 1994, propuesto por el entonces Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, y avalado por el entonces gobernador de Antioquia y hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Las CONVIVIR son grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ya funcionan más de un centenar de estos grupos en todo el país, en su mayoría en zonas rurales, bajo el control directo de los comandantes regionales del Ejército, para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender prácticas de contrainsurgencia, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, y al término del Mandato Samper había reconocidas más de 1.200 de dichas agrupaciones.

Las masacres han venido aumentando de manera contínua y sostenida a partir de 1995, año en el cual los grupos de Paramilitares de Córdoba y Urabá extienden su accionar hacia la zona plana de Urabá, en aplicación del plan estratégico diseñado por las FF. MM. Colombianas. Como consecuencia directa de lo anterior, la aplicación práctica del proyecto paramilitar ha repercutido de manera directa en la expansión de las masacres en el territorio nacional, así como en su aumento nominal total y la participación en el total de homicidios en el país, y ello devino en una crisis humanitaria y una degradación del conflicto sin antecedentes en la historia del país.

En los años 1996 y 1998, su accionar se extendió, ante todo, por la Costa Norte del país, a los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira, Sucre y Bolívar, además de la zona sur-oriente del país en relación con las retaliaciones producidas contra los campesinos que protestaban contra la erradicación de los cultivos ilícitos en la marcha campesina de 1996, y de la arremetida de las Fuerzas Armadas oficiales luego de la liberación de los soldados de Las Delicias, Putumayo.

El aporte de Andresito Pastrana (1998-2002)

De igual manera, durante la Administración Pastrana, a pesar de que el combate al paramilitarismo fue una de las exigencias de las FARC para iniciar los diálogos en Enero de 1999, el accionar de los grupos paramilitares ha sumido a Colombia en un baño sangriento contra la población inerme.

De acuerdo con el Comité Permanente de Derechos Humanos, durante el período de 1997 a 2000, las víctimas de masacres pasaron de 1.128 en 1997 a 2.564 en el año 2000, lo cual representó un aumento del 127.3%, siendo significativo que durante 1999 los grupos paramilitares llevaron a cabo el 49,96% de los homicidios colectivos (masacres), mientras que desconocidos cometieron el 35.64%.

La distribución de las masacres se concentró enormemente en ciertos departamentos como Antioquia, que participó con el 32.22% de las víctimas en el año 2000. Le siguen, en su orden, Valle del Cauca, con el 9.55%, Cesar, 7.34%, Magdalena, 7.34% y Bolívar, 7.27%. Es de resaltar que Magdalena, Cesar y Bolívar son parte de la costa norte, la región que cuenta con la mayor presencia de los paramilitares.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, Antioquia tiene la mayor participación, pues de 1.753 víctimas, 493 fueron en este departamento, es decir el 28.12% del total, seguido del Valle con 205, es decir el 11.69%. La razón de que el accionar paramilitar se concentre en algunas zonas obedece a criterios geopolíticos y económicos. Se señala que la razón de su presencia en Antioquia está ligado desde el punto de vista geopolítico con el control de la zona del Atrato-Truandó, en donde está proyectado la construcción de un canal interoceánico a nivel, además de las enormes riquezas bananeras y los ricos yacimientos de oro que subyacen en las playas del Chocó.

Queremos reseñar solamente algunas de las masacres durante la Administración Pastrana:

Masacre de Segovia: Nuevamente, el 11 de noviembre de 1998 en horas de la noche, un grupo de hombres que se movilizaban en un campero dispararon armas de fuego contra la población, con el saldo de 43 muertos y 45 heridos.

Están implicados cuatro particulares y cinco miembros de la Fuerza Pública: Mayor Marco Hernández Báez Garzón; Tenientes Alejandro Londoño Tamayo y Edgardo Hernández y los Capitanes Hugo Valencia y Jorge Chacón. En uno de los pocos casos juzgados, los implicados fueron condenados a 18 años de prisión.

Masacre de Puerto Alvira - Mapiripán: el 4 de mayo de 1999, los paramilitares asesinaron a un número no determinado de personas, quemaron viviendas, ocasionaron otros daños y amenazaron a los pobladores. No hay hasta el momento ningún capturado. El procurador General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra cuatro generales de la República, entre ellos dos Comandantes de División, un Coronel del Ejército y dos Oficiales de la Policía Nacional, por posible negligencia para evitar la masacre.

Masacre de la Gabarra y Tibú: El 23 de mayo en La Gabarra, corregimiento del Municipio de Tibú, los paramilitares asesinaron 6 personas, secuestraron 21 e instalaron retenes en la vía. Los asesinatos colectivos, los secuestros y desapariciones continuaron durante un mes y ocasionaron un gran desplazamiento de campesinos. El 20 de agosto realizaron una nueva masacre y en total en 1999 se registraron más de 130 muertes. Al comenzar el año 2000, se registraron 26 víctimas. La Policía y el Ejército Oficial, con una base militar en la zona, nada hicieron para impedir las masacres. Masacre de La Hormiga: El 9 de enero de 1999, en horas de la noche, los paramilitares entraron en el poblado, seleccionaron a un grupo de pobladores, la mayoría de ellos jóvenes, y asesinaron un total de 24 personas.

Masacre de Chengue: el 17 de enero de 2001, grupos paramilitares asesinó a 27 personas en el corregimiento de Chengue, Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre, quemó y saqueó las viviendas y produjo el desplazamiento de la población.

Es de resaltar que durante la realización de las masacres se presentaba en todas las regiones afectadas fuertes patrullajes y presencia militar. Esto ha llevado a que la población diga que en Colombia existe una Fuerza Pública “travesti”, que en el día usa su uniforme normalmente, pero que en la noche se transforma. La sabiduría popular ha sabido calificar acertadamente el modo de operar de las Fuerzas Militares Colombianas que acude al expediente de desarrollar la “guerra sucia” con sus unidades vestidas de civil y presentar una imagen magnificada del paramilitarismo en Colombia.

Según lo han denunciado las FARC en repetidas oportunidades que paramilitares caídos en combate tras las arremetidas de las fuerzas de la insurgencia, portaban documentos que los acreditaba como militares en servicio activo, en una prueba más que muestra la real vinculación del paramilitarismo con el Estado, lo cual ha llevado a que el Comandante de esta organización insurgente, Manuel Marulanda Vélez, califique este fenómeno como “Paramilitarismo de Estado”

Masacres a partir del 2.000

Human Rights Watch, presentó su “Informe Anual 2001, eventos de 2000”, en el cual consigna que “Las Fuerzas Armadas colombianas siguen implicadas en graves violaciones a los derechos humanos así como en el apoyo a grupos paramilitares considerados responsables de al menos el 78 por ciento de las violaciones registradas en los seis meses posteriores a octubre de 1999.

Las tropas del Ejército atacaron indiscriminadamente y mataron a civiles, entre ellos seis niños que realizaban un viaje escolar cerca de Pueblo Rico, Antioquia, el 15 de agosto. Según los testigos, los soldados dispararon durante 40 minutos, haciendo caso omiso de los gritos de los acompañantes adultos.

El Comandante del Ejército de Colombia, el Gral. Jorge Mora, pareció justificar el ataque en sus declaraciones a los periodistas:

"Son los riesgos de esta guerra en la que estamos comprometidos". Otro caso similar se produjo el 18 de junio, cuando tropas pertenecientes al Batallón Rebeiz Pizarro abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a seis adultos y dos niños que regresaban de una fiesta. Todos ellos resultaron heridos.

Seguían existiendo pruebas abundantes, detalladas y constantes de la colaboración directa entre el ejército y los grupos paramilitares.

Por ejemplo, los investigadores del gobierno afirmaron que oficiales en el servicio activo y en la reserva asignados a la Tercera Brigada del Ejército en Cali habían establecido y apoyado activamente al Frente Calima (De paramilitares). Se consideraba que, en los 12 meses que transcurrieron desde el comienzo de sus operaciones en julio de 1999, el Frente Calima era responsable de al menos 200 asesinatos y el desplazamiento de más de 10.000 personas.

El 18 de febrero, unos 300 hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) organizaron un tribunal irregular en la aldea de El Salado, Bolívar. Durante los dos días siguientes, torturaron, pasaron por el garrote, apuñalaron, decapitaron y dispararon a residentes. Los testigos dijeron a los investigadores que habían amarrado a una niña de seis años a un poste y la habían ahogado con una bolsa de plástico. Se informó de que una mujer había sido violada en grupo. Las autoridades confirmaron posteriormente 36 muertes (42 según reporte de los pobladores). Otros 30 residentes habían desaparecido. "Para ellos era como una gran fiesta," dijo un superviviente al New York Times.

"Bebían, bailaban y celebraban mientras nos mataban como a cerdos."

Mientras se estaban cometiendo estas atrocidades, la Primera Brigada de la Armada mantuvo retenes de carretera en los alrededores de El Salado que impidieron la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de otros grupos. Treinta minutos después de que los paramilitares se hubieran retirado a salvo con los bienes y los animales saqueados, las tropas de la Armada entraron en la aldea.

Los oficiales implicados en graves abusos siguieron en el servicio activo, y sólo fueron suspendidos en casos excepcionales. Los jueces militares continuaron ignorando generalmente una decisión de 1997 de la Corte Constitucional por la que se ordenaba que todos los casos relacionados con soldados acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueran procesados ante las cortes civiles. Según la oficina en Bogotá de la Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales, continuó desobedeciendo también el dictamen de la Corte Constitucional y transfiriendo "casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a la jurisdicción castrense."

El Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez declaró en julio que los tribunales militares ya habían trasladado 533 casos policiales y militares a la jurisdicción civil, lo que demostraba el cumplimiento del fallo de 1997. Sin embargo, tras revisar la información sobre 103 casos suministrada por el Ministerio a Human Rights Watch, descubrimos que sólo 39 de ellos eran casos que podría considerarse violaciones a los derechos humanos. La mayoría de ellos estaban relacionados con soldados de bajo rango y en ninguno de los casos se aludía a los oficiales superiores que habían ordenado u organizado presuntamente las violaciones a los derechos humanos.”

La Defensoría del Pueblo el 13 de julio de 2.000, reveló que en el primer semestre de 2000 se produjeron 235 masacres, la mayoría ocurridas en Antioquia, y que dejaron 1.073 víctimas. Según fuentes estatales y no gubernamentales, en el año 2.000 se registraron un total de 548 masacres. (1)

En el año 2001, la organización defensora de derechos humanos HRW en documento titulado “La Sexta División” presenta acusaciones detalladas sobre la colaboración de las Brigadas Veinticuatro (del Putumayo), Quinta (Santander) y Tercera (del Valle y Cauca) con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es de señalar que de acuerdo con el Informe, los batallones militares creados, entrenados y equipados con asistencia estadounidense para la “lucha antidroga” prevista en el Plan Colombia reciben el apoyo de una Brigada vetada por Washington, que al decir de José Miguel Vivanco, director de la seccional América de HRW, es la XXIV Brigada del Ejército, con sede en Putumayo. Los nexos denunciados en el documento se refiere a “una activa coordinación durante las operaciones militares entre gobierno y paramilitares”, por radio y celulares y a “soldados en servicio activo que sirven en unidades paramilitares y comandantes paramilitares que se alojan en bases militares” (VER: ANNCOL. Noviembre de 2001)

Es tal la orgía de sangre que solamente en el mes de Octubre los paramilitares asesinaron 140 personas en diferentes masacres a lo largo del país. De noviembre del 2.000 a lo que va corrido del 2.001, se han registrado en el Departamento del Cauca 17 masacres con un saldo de 520 muertos en los municipios de Santander de Quilichao, Cajibío, Rosas, Piendamó, Morales, Buenos Aires, Suárez, Puracé y Alto Naya. En el Naya, los campesinos e indígenas afirman que son 100 los muertos. En el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, paramilitares asesinaron al exconcejal de la UP y líder comunitario de 77 años Ricaurte Castro. Su edad no les importó.

¿Cambio táctico?

Ante las denuncias de diferentes organismos nacionales e internacionales, incluidas la Naciones Unidas, y la presión que la comunidad internacional ejerció sobre la Administración Pastrana y las Fuerzas Armadas oficiales para combatir efectivamente el paramilitarismo, se produjo un cambio táctico de los grupos paramilitares.

En comunicado del 04 diciembre de 2001, reproducido por los medios de comunicación con gran resonancia, los grupos paramilitares anuncian que “no realizarán más masacres y que ahora sólo realizarán asesinatos selectivos de no más de 3 personas”. Cuanto cinismo y cuanta inhumanidad demuestran con semejantes planteamientos!!! Solamente una mente enferma es capaz de hacer semejante pronunciamiento!! Esas son las criaturas que ha engendrado el militarismo y la injerencia gringa en Colombia!!!

Tal aseveración la llevaron a la práctica y durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (AUV) han disminuido las masacres, pero continúan los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y todas las demás violaciones que cometen los grupos paramilitares, a pesar de encontrarse en un mal llamado “proceso de paz” entre compadres y colegas.

El impacto de las violaciones de derechos humanos durante la aplicación del Plan Colombia con “seguridad democrática” durante la administración fascista de Álvaro Uribe Vélez, será objeto de estudio en el otro artículo de esta serie sobre Derechos Humanos en Colombia.

1. El Espectador. Mínimo aporte en DH. 4 de agosto de 2001.